La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que transmita al Congreso de los Diputados, así como al Senado, su honda preocupación porque la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, están creando una situación que, de continuar, será insostenible.
Desde el Alto Tribunal avisan de que, “el paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento”. La falta de plazas afecta, sobre todo, a Lo Contencioso-Administrativo.
Con esta petición, los magistrados del Supremo tratan de urgir a los principales partidos, PP y PSOE, a que alcancen un acuerdo de renovación del Órgano de Gobierno de los jueces, ya que desde el cambio aprobado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el CGPJ no puede realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones.
De hecho, El PSOE registró el pasado viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial para que, pese a que el CGPJ esté en funciones, el Tribunal Constitucional pueda renovarse.
Un cambio de estrategia que el PP criticó ampliamente. Es más, la reforma propuesta por el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional, según dijo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, supone una “voladura de los puentes” para la negociación del CGPJ, que hasta ahora están tramitando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el eurodiputado popular, Esteban González Pons.
Contestación del PSOE
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, no considera que esta proposición aleje aún más el pacto con los populares. En este sentido, expuso que la posición de los socialistas pivota sobre la dotación de un escenario de “normalidad” al funcionamiento del Constitución.
Gómez, antes de apelar a la “responsabilidad” de las fuerzas parlamentarias, subrayó que no pueden “esperar sine die” a que el Partido Popular muestre su “voluntad” para que los tribunales funcionen correctamente.