Luzón, el fiscal que 'pasa' de Montoro, pide rebajar la condena a Aldama y ya piensa en 2027

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, está bajo el foco por su actuación en el caso mascarillas, en el que lideraba la acusación del Ministerio Público. Implacable contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, pero indulgente con el corruptor Víctor de Aldama, para quien ha defendido que “es posible apreciar” una rebaja de condena con la que no entraría en la cárcel, no es la primera vez que su posición conservadora y sus decisiones en casos de gran repercusión política le otorgan un papel protagonista.

Hijo del fiscal José María Luzón Cuesta, fallecido en 2020, y hermano del también fiscal María Luzón Cánovas, su trayectoria profesional se vincula desde 1995 a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a la que accede en el mismo momento de su creación. En 2017, cuando era ministro de Justicia Rafael Catalá, y tras saltar informaciones comprometedoras de su antecesor Manel Moix, uno de los fiscales más ultraconservadores que se ha visto en la carrera fiscal, pasó a ser fiscal de Sala y jefe de Anticorrupción. En 2022, renovó en el cargo con el PSOE en el poder.

En todo este tiempo al frente de Anticorrupción, las polémicas han sido múltiples. Si bien han apuntado y favorecido siempre en la misma dirección. Este posicionamiento es al que cada vez más voces de la judicatura se agarran para deslizar que está haciendo méritos para quedarse con la Fiscalía General del Estado si el Partido Popular (PP) llega en 2027 a La Moncloa. En Génova 13 cada vez más personalidades le ven con bueno ojos y tan solo el tiempo podrá despegar esta duda. Por el momento, parece que los casos controvertidos que le persiguen no le pesan. 

Concesiones a Aldama

La última de las polémicas que ha protagonizado ha sido el trato favorable dado a Aldama, que se inició mucho antes de la apertura del juicio. Ya en noviembre de 2024, el delincuente confeso se ofreció a colaborar en el caso de las mascarillas, cooperación que fue de principio a fin un vertido de mentiras y acusaciones sin pruebas contra el Gobierno, y Luzón propuso que saliese de la cárcel, pese a que el caso por el que se encontraba en prisión preventiva (fraude de los hidrocarburos) no tenía nada que ver con esta causa.

Desde entonces, Aldama se ha dedicado a disfrutar de vacaciones de millonario y a saltar de un plató de televisión a otro para seguir difundiendo bulos. No obstante, en noviembre de 2025, el fiscal jefe de Anticorrupción le aplicó la atenuante de confesión y pasó a pedir tan solo siete años de cárcel para el delincuente sin consultarlo con el superior al cargo, el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El último de los favores iba a fraguarse con el cierre del juicio, siguiendo al PP y rebajando la petición de penas a cinco años para que Aldama no entrase a la cárcel.

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tomó cartas en el asunto y vetó esta rebaja al no considerarla fundamentada, dado que hasta la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseveró que el corruptor no había aportado nada nuevo a la causa. El movimiento molestó a Luzón y a la derecha mediática y política por considerarlo una intromisión; sin embargo, estos mismos actores no se escandalizaron cuando el propio Luzón frenó los pies a una de sus subordinadas en Anticorrupción para que no indagase en la corrupción de Cristobal Montoro.

Caso Montoro

Esta jugada de Luzón se remonta unos pocos años atrás y está relacionada con la investigación que pesa sobre el ex ministro de Hacienda de Mariano Rajoy por la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental al haber impulsado cambios normativos que beneficiaban a empresas que contrataban los servicios de Equipo Económico, empresa fundada por Montoro.

La fiscal al cargo del caso es Carmen García Cerdá, parte de Anticorrupción, y durante cuatro años ha estado sufriendo los frenos de Luzón y de su número dos, Antonio Romeral, movimientos que se destaparon tras levantarse le secreto de sumario. García Cerdá quería extender la investigación tras descubrir en un correo electrónico oculto el uso de la Agencia Tributaria contra rivales políticos y en favor del PP en el caso de su caja b, por lo que planteó investigar el correo del exministro y la filtración de información privilegiada al principal cabecilla de la trama y jefe del despacho Equipo Económico, pero Luzón se opuso.

El fiscal Anticorrupción no autorizó el volcado del correo electrónico pese a todos los indicios señalados por la fiscal, llegando a dictar en 2023 que todas las decisiones tomadas por García Cerdá tuviesen que estar aprobadas por su número dos, encargado del caso por la financiación irregular que libró al PP de la acusación de delito fiscal y, casualmente, ascendió tras el cierre de la causa. En sentido contrario, García Cerdá fue expedientada. Posteriormente se descubrió que fue Romeral quien, en 2015, envió información privilegiada a Montoro sobre el caso de la caja b a un correo camuflado (aromero@minhap.es) y ahora bloquea el caso.

Ayuso y Villarejo

Luzón ha estado presentes en otros casos mascarillas, relacionados con la Covid-19, pero solo le ha parecido delictivo el que afecta a Ábalos, García y Aldama. En 2022, fue el encargado de las denuncias por la comisión de 55.850 euros que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, se embolsó por un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros con región que preside su hermana. El caso terminó con Pablo Casado muerto políticamente, por denunciar los negocios de la familia Ayuso en plena pandemia, y las denuncias archivadas tan solo cuatro meses después, sin siquiera practicar diligencias.

También fue sonada su posición en el caso Villarejo cuando, en 2022, se produjo la salida del fiscal Ignacio Stampa de la Fiscalía Especial. Luzón consideró que la investigación sobre Villarejo continuó “a plena satisfacción” al ser sustituido por el fiscal César Rivas en aquel momento; una persona que “sí tiene un perfil idóneo para la Fiscalía”, según estimaba entonces. “Si hablamos del perfil que queremos todos para la Fiscalía Anticorrupción de prudencia y reserva, su sustitución por César de Rivas es tremendamente ventajosa”.