Leire Díez asegura que mantuvo dos reuniones con Cerdán como periodista y niega vinculación con el PSOE

Leire Díez ha asegurado este lunes ante el juez que mantuvo, en calidad de periodista, dos reuniones con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que no tiene ningún vínculo con el partido. La exmilitante socialista está siendo investigada por el juez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

En la declaración que ha entonado este lunes en sede judicial, ha asegurado que no reconoce los audios en los que se le ha escuchado ofrecer favores a cambio de información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas.

En este sentido, Díez ha negado cualquier relación con Cerdán más allá de esos encuentros, indicando a su vez que fueron en 2024, en calidad de periodista y para entregarle documentación en la que el PSOE aparecía en algunos casos como víctima, añadiendo que lo hizo con más partidos.

La exmilitante ha respondido solo a preguntas del juez, la fiscal y su abogada para señalar que coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en algún mitin pero que tampoco tiene relación con él.

Sobre los audios incorporados a la causa, Díez ha sostenido que están manipulados y ha incidido en su petición de que se declaren nulas las grabaciones aportadas por el fiscal Ignacio Stampa sobre una reunión que tuvo con Díez y en la que se la presentarse como "la persona del PSOE" y la "mano derecha" de Cerdán, así como la efectuada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, en la que se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información sobre cargos de la UCO.

A juicio del magistrado Arturo Zamarriego, sospecha que la investigada "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol -también investigados- para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", según un auto.

Las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se dieran a conocer los audios en los que se la escucha ofrecer favores a Hamlym a cambio de información sensible. Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Stampa y José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados.

Según una grabación aportada por el fiscal Stampa, Díez mantuvo una reunión con él el 7 de mayo de este año en busca de información sensible junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como "mano derecha" de Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", aseguró. Díez aseguró entonces que el encuentro era "estrictamente confidencial". "Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", manifestó.

Díez pide anular los audios

Esta mañana del lunes, la investigada ha venido reclamando en un escrito ante el juez que ordene "la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones" al asegurar que dichas grabaciones vulneran derechos fundamentales como la intimidad, el honor o la propia imagen, además de la protección de datos y el secreto profesional, alegando que fueron obtenidas "subrepticiamente en un ámbito privado".

Cabe recordar que, bajo este marco, el fiscal Juan Pablo Nieto subrayó en un recurso que resulta esencial "la singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado".

Ve así como "evidente" que la conexión entre Díez, Pérez Dolset y Rusiñol buscaban "manipular pleitos heterogéneos" que afectan tanto a políticos como a empresarios, actuando juntos en un presunto plan "de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.