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La causa abierta contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral contra una excocejala también del Partido Popular (PP) sigue avanzando y sumando aristas. La dirección regional, a cargo de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido al presunto acosador, ignorando y lanzando ataques contra la supuesta víctima, y ha intentado extender distintas cortinas de humo, pero ninguna de sus estrategia está consiguiendo evitar que la Justicia continúe dando pasos. La última novedad ha llegado, este lunes, desde la Audiencia Provincial de Madrid.
La instancia superior ha ordenado al juzgado encargado que investigue quién elimino los correos electrónicos a través de los cuales la denunciante alertaba estar sufriendo acoso, tal y como ha adelantado El Mundo. La Audiencia Provincial considera necesaria la reapertura de las diligencias para que el juzgado detecte e interrogue a aquellas personas que habrían cometido la ilegalidad y se esconden detrás de una IP. Los responsables habrían accedido al email corporativo y habrían borrados los correos enviados al gabinete de Ayuso, lo que a todas luces constituye una eliminación consciente de pruebas.
Las actuaciones para dilucidar esta responsabilidad fueron archivadas rápidamente por el Juzgado de Instrucción de Móstoles número 1 y la Audiencia Provincial considera ahora que esta decisión se tomó sin realizar las labores de investigación pertinentes. Una decisión que contraviene la estrategia de Bautista y del PP de Madrid, que desde el primer momento han intentado rebajar la importancia de los hechos denunciados y han deslegitimado a la presunta víctima, quien se vio obligada a abandonar la vida política por la enorme presión y persecución que asegura estaba sufriendo.
Sobre los hechos detrás de la denuncia será interrogado, el próximo viernes, el alcalde del PP, quien se sentará en el banquillo de los acusados por acoso sexual y laboral. En lo referido a los correos, la Audiencia obliga al juzgado a dilucidar quién tomo la decisión de borrarlos. Este delito también fue denunciado por la supuesta víctima, quien asegura que su correo fue hackeado pocos días después de reunirse con grandes cabezas del equipo de Ayuso, como Alfonso Serrano, a quienes trasladó la situación de acoso.
La Policía Judicial, concretamente su departamento de Ciberdelincuencia, será la encargada de dilucidar su fue una persona de la Agencia para la Administración Digital la responsable del borrado de los correos, que fueron enviados con la extensión utilizada por toda la Comunidad de Madrid (@madrid.org). Estos mensajes fueron eliminados sin su consentimiento por un usuario que la Audiencia Provincial quiere conocer para que sea investigado. La IP está localizada y ahora está en manos de los agentes judiciales encontrar a la persona que hizo el trabajo sucio y, si fuese el caso, al responsable de la orden.
