La investigación judicial por presunta corrupción que afecta a Ana Millán entra en su fase final. Tal y como apunta ‘eldiario.es’, la magistrada que instruye la causa ha citado a declarar como testigo al marido de la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y número tres del Partido Popular madrileño, un paso previo al cierre de la instrucción y a la previsible solicitud de imputación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), órgano competente tras el aforamiento de la dirigente popular.
El citado es Juan Pedro Santos Ceballos, esposo de la exalcaldesa de Arroyomolinos, quien figura entre los familiares que, según la investigación, habrían resultado beneficiados con un puesto de trabajo concedido por un empresario también imputado en la causa cuando Millán ejercía como concejala en el municipio del sur de Madrid.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha fijado la comparecencia para el próximo 3 de junio, dentro de cuatro meses. Ese mismo día está llamada a declarar igualmente, en calidad de testigo, quien fuera coordinadora del Ayuntamiento de Arroyomolinos, Laura Vallejo del Saz. La magistrada ya había advertido del retraso acumulado en una instrucción compleja tramitada en un juzgado que asume simultáneamente funciones de primera instancia.
El aforamiento que trasladó el caso al TSJM
La anterior jueza instructora se inhibió en favor del TSJM una vez que Millán adquirió la condición de aforada tras las elecciones autonómicas de 2023. Su inclusión en un puesto de salida de la candidatura del Partido Popular —decisión impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso— garantizó su elección como diputada autonómica y, con ello, que cualquier imputación deba resolverse en el alto tribunal madrileño.
Para entonces, Millán ya figuraba como investigada. Tras los comicios, además, fue ascendida dentro de la estructura del partido hasta ocupar la vicesecretaría de Organización del PP de Madrid, situándose como número tres de la formación en la región, solo por detrás del secretario general, Alfonso Serrano, y de la propia Ayuso.
Uno de los principales indicios señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que impulsa la causa, es el ingreso en efectivo de más de 50.000 euros en cuentas vinculadas a la dirigente popular. Durante su declaración judicial como investigada, Millán sostuvo que ese dinero procedía de la actividad en el sector de la hostelería y el ocio nocturno de su marido y argumentó que no le gustaba conservar grandes cantidades de efectivo en su domicilio.
Una declaración pendiente desde 2022
La comparecencia de Santos Ceballos acumula un notable retraso. Su primera citación como testigo se remonta a mayo de 2022, hace casi cuatro años. Sin embargo, su declaración no llegó a practicarse entonces. Según consta en la causa, el hostelero se encontraba ilocalizable pese a residir en Arroyomolinos y a su vínculo directo con la exalcaldesa.
Este extremo resultó determinante para que un magistrado del TSJM devolviera las actuaciones al juzgado de Navalcarnero, a petición de la Fiscalía. El Ministerio Público consideró que la instructora debía completar diligencias esenciales —entre ellas, la declaración del marido de Millán— antes de elevar una exposición razonada solicitando su imputación formal ante el tribunal superior.
La Fiscalía respalda que existan indicios suficientes para investigar a la dirigente popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude contra la administración pública. No obstante, defendió que la instrucción debía cerrarse con todas las pruebas practicadas para garantizar la solidez jurídica de la eventual imputación.