Cuando se cumplen cinco días desde que comenzó el juicio de la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional, su tribunal ha descartado este viernes que el exnúmero dos del Ministerio del Interior y exsecretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, sea encarcelado, además del excomisario y figura cercana a María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.
Los magistrados de la Sección Cuarta ha argumentado que ninguno de los dos acusados ha comparecido en todas las ocasiones a los llamamientos judiciales que se les han dirigido desde que son investigados, remontánse a hace más de seis años. El tribunal ha reiterado que “no consta que hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.
Martínez está acusado de haber coordinado el espionaje parapolicial al que fuera extesorero del Partido Popular en aquella época, Luis Bárcenas, y que enfrenta acusaciones de presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y organización criminal. Gordo, por su parte, está acusado de haber reclutado al chófer de la familia de Bárcenas para captar información comprometedora para la Génova de Rajoy, allá por 2013; además, cabe recordar que fue asesor de la exsecretaria general del PP y expresidenta de Castilla – La Mancha cuando arrancó esta operación parapolicial.
El PSOE pidió el ingreso en prisión
A finales del pasado mes de marzo, antes de comenzar el juicio en la Audiencia Nacional, los socialistas reclamaron el ingreso en prisión preventiva tanto de Martínez como de Gómez Gordo al considerar que ambos concurrieron en “nuevas circunstancias que motivan la adopción de medidas cautelares tendentes al aseguramiento de los acusados, por lo que se solicita la prisión provisional”, según el documento judicial al que tuvo acceso ElPlural.com y en el que se alegó un posible riesgo de fuga de los acusados.
La acusación del PSOE también incidió en que no constaba que se hubieran practicado diligencias que buscasen evaluar el patrimonio de ambos, pese a que, a lo largo del procedimiento en el último lustro, se reclamaron indemnizaciones de más de 120.000 euros por parte de la familia de Bárcenas.
Tanto por este motivo como por las acusaciones de presuntos delitos que pesan sobre ambos, los socialistas consideraron que son “responsables criminalmente” en Kitchen al existir “indicios sólidos de su participación” en los hechos investigados.
El tribunal rechazó imputar a Cospedal
Entre otras de las novedades extraídas en estos días de juicio, que arrancó este lunes, los magistrados también descartaron el martes suspender el juicio oral, tal y como venían reclamando las defensas por presuntos defectos en el proceso.
También descartaron imputar a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, -ambos citados próximamente como testigos y que llegaron a estar imputados durante un mes en 2021 bajo la instrucción del juez Manuel García-Castellón- como reclamaron las acusaciones, teniendo en cuenta que el PSOE también pidió que el tribunal llamase al PP como partícipe a título lucrativo de la operación.
