El PSOE, en su acusación popular dentro de la investigación judicial del caso Kitchen, ha pedido este lunes el ingreso en prisión preventiva de dos de los principales acusados dentro de la trama: el secretario de Estado de Seguridad del Partido Popular en la etapa de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y el comisario y quien fuera asesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, señalando que ambos han concurrido en "nuevas circunstancias que motivan la adopción de medidas cautelares tendentes al aseguramiento de los acusados, por lo que se solicita la prisión provisional", según reza el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com.
A escasos días de que comience la celebración del juicio, los socialistas han remitido este escrito a la Audiencia Nacional, reiterando la petición de prisión preventiva sin fianza y en aras de evitar la fuga de los acusados, asegurando su presencia en sede judicial el próximo 6 de abril.
Por un lado, Ferraz reclama que se dé acceso a las piezas separadas de responsabilidad civil y pecuniaria o, en detrimento, que se procesa a investigar la capacidad de los investigados. En este sentido, advierten los socialistas que no consta que se hayan practicado diligencias destinadas a evaluar el patrimonio de ambos cargos, pese a que a lo largo del procedimiento se reclamaron indemnizaciones mayores a 120.000 euros por parte de la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP.
Ambos acusados, Martínez y Gómez Gordo, están acusados de los presuntos delitos de malversación cualificada, organización criminal, contra la intimidad, revelación de secretos y cohecho, entre otros, los cuales exceden penas de más de dos años cada uno. En este sentido, desde Ferraz consideran que son “responsables criminalmente” al existir aún “indicios sólidos de su participación en los hechos presuntamente delictivos”.
Bajo estos términos, argumentan que, con la finalidad de que se lleve a cabo la prisión provisional, se ha de tener en cuenta que es una decisión motiva para “asegurar la presencia de los procesados en el proceso, tanto en la vista oral como en el lapso que media hasta el dictado de la sentencia” judicial, entendiendo que puede darse un alto riesgo de fuga que declinaría en la inminente cita en los juzgados.
Los cargos que pesan sobre Martínez y Gómez Gordo
En lo que concierne a la situación personal de los encausados, el escrito señala que concurren nuevas circunstancias que justificarían la adopción de medidas cautelares. En el caso del exsecretario de Seguridad, se hace referencia a su detención en 2025 en el marco de la conocida como ‘Operación Borrasca’, en la que fue investigado por delitos como blanqueo de capitales, revelación de secretos y organización criminal; delitos que guardan relación, según defienden, con los que se presentan en esta causa.
Martínez figura a su vez como investigado en otros procedimientos en curso, lo cual, según los socialistas, refuerza la apreciación de riesgo de fuga. El escrito también alude a sus vínculos internacionales, en concreto por motivos familiares y personales en México, planteando dudas sobre su capacidad económica, al considerar que el nivel de gastos referido —incluidos viajes y defensa jurídica en varias causas— no se correspondería con sus ingresos como funcionario público.
En consecuencia, sobre la figura del comisario Andrés Gómez Gordo, el PSOE destaca que ha sido condenado por la Audiencia Nacional en una causa distinta por delitos de prevaricación y malversación, con penas de prisión e inhabilitación, así como al pago de responsabilidades civiles que superan los 40 millones de euros. Aunque la resolución no es firme, el escrito señala que ha sido parcialmente confirmada en apelación y que configura un escenario de elevada responsabilidad penal.
El documento añade que Gómez Gordo también figura como investigado en otro procedimiento penal en curso y plantea igualmente dudas sobre su situación económica y profesional, en relación con su condición de funcionario público y la posible afectación de las condenas a su continuidad en el cargo.
Sobre su papel clave en Kitchen, cabe remarcar que el comisario está acusado de reclutar al chófer de la familia de Bárcenas para intentar captar información delicada contra Génova, teniendo en cuenta, a su vez, que ejerció previamente como asesor de la exsecretaria del PP nacional, María Dolores de Cospedal, cuando comenzó la operación.
En ambos casos, el PSOE sostiene que la existencia de varios procedimientos penales abiertos, la gravedad de las penas interesadas por las acusaciones y la ausencia de medidas cautelares vigentes incrementan el riesgo de que los acusados eludan la vía judicial. Así, y en caso de no acordarse la prisión, los socialistas piden la adaptación de otras medidas cautelares como bien son la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional, la imposición de fianzas o la obligación de comparecencias periódicas. Sin claudicar en este punto, la representación del PSOE incide en practicar diligencias sobre los patrimonios de ambos para asegurar las responsabilidades económicas que puedan tener.
