Lejos de rebajar la tensión tras meses de una instrucción marcada por la controversia, el juez Juan Carlos Peinado estudia mantener vivo su choque con el Gobierno cuando concluya la causa contra Begoña Gómez. Tal y como publica 'OkDiario', en los círculos judiciales y políticos se da por descontado que el magistrado sopesa querellarse contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una vez cierre definitivamente un procedimiento que ha estado rodeado desde el principio de dudas jurídicas, decisiones llamativas y una creciente sensación de sobreactuación judicial.
La investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez no solo ha colocado a Begoña Gómez en el centro de la batalla política, sino que ha convertido a Peinado en uno de los rostros más discutidos del momento judicial. A lo largo de la instrucción, el magistrado ha ido encadenando resoluciones y diligencias que han alimentado las críticas de una parte del mundo jurídico, que ve en su actuación una deriva expansiva, difícil de sostener en algunos tramos y muy permeable al ruido político. Lo que arrancó como una causa presentada por la derecha y la ultraderecha terminó derivando en un proceso que, más que despejar hechos concretos, ha servido para extender durante meses una sombra de sospecha sobre el entorno del presidente del Gobierno.
Ese es precisamente uno de los principales reproches que se hacen al instructor: haber convertido la causa en una investigación de contornos cada vez más difusos, con sucesivas ampliaciones, decisiones de alto impacto mediático y una notable tendencia a estirar los márgenes de la instrucción. El resultado ha sido un procedimiento que ha proyectado más estruendo político que certezas penales, y que ha situado al juez en el centro de una polémica constante sobre los límites de su papel y sobre el uso de la justicia como escenario de confrontación partidista.
La posible ofensiva contra Bolaños se inscribe, además, en esa misma lógica de escalada. El ministro ha sido uno de los miembros del Ejecutivo más duros con la actuación del magistrado y ha cuestionado abiertamente tanto la consistencia de algunas diligencias como la forma en que Peinado ha conducido la causa. El choque entre ambos alcanzó uno de sus momentos más tensos con la declaración de Bolaños en La Moncloa, una escena de enorme carga institucional que acabó reforzando la imagen de una instrucción cada vez más orientada al impacto público y menos al rigor prudente que se presupone a una causa de esta naturaleza.
Una instrucción bajo sospecha
La previsión de que Peinado quiera redoblar ahora su pulso con el Gobierno alienta las críticas de quienes consideran que el magistrado ha cruzado hace tiempo la frontera entre la instrucción judicial y la batalla política. En lugar de cerrar una causa ya suficientemente contaminada por el ruido y dejar que sean las instancias superiores las que delimiten su recorrido, el juez parece dispuesto a prolongar el conflicto con una nueva iniciativa contra Bolaños. Sería, para muchos observadores, el último episodio de una actuación que ha dado pie a reproches por su tono, por su oportunidad y por su evidente capacidad para interferir en el debate público.
La figura del instructor ha quedado así asociada a una forma de actuar que ha erosionado aún más la confianza en la neutralidad del proceso. Cada paso de Peinado ha sido contestado por las defensas, discutido en ámbitos jurídicos y aprovechado por la oposición política para alimentar su estrategia de desgaste. Mientras tanto, el juez ha seguido avanzando en una causa que, para sus detractores, ha funcionado como una suerte de procedimiento de excepción: uno donde la exposición mediática, la insinuación permanente y la amplificación política han pesado tanto o más que la solidez de los indicios.
En este contexto, la eventual querella contra Bolaños no aparecería como un hecho aislado, sino como la prolongación natural de una instrucción concebida desde la confrontación. La pregunta ya no es solo si existen bases jurídicas suficientes para sostener ese paso, sino hasta qué punto el magistrado está decidido a dejar tras de sí un último gesto de choque con el Ejecutivo antes de poner fin a una etapa que ha estado marcada por el escándalo permanente.