El caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, se ha visto afectado por una nueva novedad procesal. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido aplazar la citación de la esposa de Pedro Sánchez al próximo lunes 15 de junio, a las 18.00 horas, momento en el que tendrá que acudir a la "audiencia preliminar". Esta decisión se ha extendido también a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados.
Hace una semana el magistrado llamó a los imputados a esta cita el martes 9 de junio, bajo amenaza de emplear la "fuerza pública" para llevarles al juzgado si decidían no acudir. Sin embargo, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó el aplazamiento en un escrito el pasado 28 de mayo, comunicando que la cita coincidía con citas de otro juicio que tenía programadas desde hacía tiempo.
En el auto del pasado lunes, Peinado llamó a declarar a los tres acusados antes del juicio oral, a pesar de que aún quedan recursos de las defensas pendientes de resolver por la Audiencia Provincial de Madrid, entre otras cosas por la decisión del magistrado de llevar la causa ante un jurado popular. Peinado acusa a los imputados por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de tener una tendencia "a eludir la acción de la Justicia", con la que justificó la decisión de citarles.
Pero el juez fue más allá, y advirtió a Gómez, Álvarez y Barrabés de que si no acuden a la cita, ahora fijada para dentro de dos semanas, serían "conducidos por la fuerza pública", lo que implica una amenaza de detener a la mujer del presidente del Gobierno si no se presenta en los juzgados de Plaza de Castilla. Sin embargo, aunque acuda, el riesgo de entrar en prisión no termina, pues Peinado señaló que en esa audiencia preliminar puede "adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de fuga por la "extensión" de las penas que se pide para ellos.
Tanto las defensas como la Fiscalía piden la absolución de los encausados, pero las acusaciones populares, lideradas por HazteOir e integradas por Vox y otros satélites de la ultraderecha, piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 para Cristina Álvarez y seis para Juan Carlos Barrabés.
La defensa recurrió la vistilla por la "excesiva prisa" de Peinado
Peinado organizó esta citación después de conocerse el último informe de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), en la que se acreditaba que la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid es legal y no hubo pagos opacos. Una vez se fijó la cita, ahora pospuesta, la defensa de la mujer de Pedro Sánchez recurrió la audiencia preliminar, en un recurso de reforma al que tuvo acceso ElPlural.com.
El texto acusa al magistrado de tener "excesiva prisa" en finalizar la investigación imprimiendo a la misma "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático". La defensa de Gómez recordaba también a Peinado que faltaban diligencias de prueba por practicar, como por ejemplo el interrogatorio al otro director de la cátedra que la acusada codirigía en la UCM, así como ratificar los tres informes periciales que ha presentado en favor de la inocencia de su cliente.
Acerca de la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra, Camacho considera que ésta es "imprescindible" porque "si la acusación centra parte esencial de su imputación en la actividad desarrollada por Begoña Gómez en la Cátedra Extraordinaria, resulta imprescindible escuchar al otro director de dicha Cátedra antes de adoptar esa trascendental decisión".
El abogado destaca en su recurso que se han admitido “decenas de testigos propuestos por las acusaciones y denegado la práctica totalidad de las que se han interesado esta defensa”, con lo que no permitir esta propuesta “supone una quiebra de igualdad de armas”. En lo que se refiere a la ratificación de los informes periciales, subraya que la decisión del togado “deja a la defensa sin poder contradecir pericialmente tres de los ejes fácticos sobre los que se construye la acusación”, que pasan por “la existencia y cuantía del perjuicio económico, la naturaleza de la Cátedra y el reparto de responsabilidades entre las investigadas”.
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