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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reclamado al PSOE información sobre la "relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política" y ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que le informe sobre la solicitud formulada este martes por el Partido Popular (PP) para que se impute al PSOE “por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal”.
En dos providencias, el juez que investiga el ‘caso Leire’ cita también como investigados al exviceministro venezolano Nervis Villalobos el 28 de octubre y como testigos también ese día al subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia y a su predecesora, en el marco de la causa que investiga una presunta trama que habría liderado el exdirigente del partido Santos Cerdán para influir en las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
En esta línea, el magistrado pide a los servicios jurídicos del PSOE que aporten "la relación completa de los letrados o despachos de abogacía o consultoría" que la formación socialista haya contratado entre 2021 y 2025, "tanto en sus órganos centrales como en los territoriales". Asimismo, el juez Pedraz solicita también una copia de la documentación o el expediente abierto que "haya permitido comprobar los servicios a prestar", a través de notas de encargo o contratos, para "conceder la autorización" de dichas contrataciones, así como la documentación aportada para dar por justificados los servicios prestados.
Al respecto de lo anterior, la UCO señaló en uno de sus informes que Ana María Fuentes, directora gerente federal del PSOE, “habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional”. "Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", apuntó entonces la UCO.
En relación con las citaciones, a Villalobos el juez Pedraz le cita para interrogarle y le requiere que aporte ese mismo día la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Democrática, concretamente "certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española". Al hilo de ello, fuentes próximas a la defensa de Villalobos han señalado que no tiene nada que esconder porque se trató de un trámite ordinario conforme a la ley y que así quedará demostrado.
Al margen de ello, Pedraz ha incorporado a la causa el escrito que ha presentado la acusación popular que lidera el PP en la causa en el que solicita que declare imputado al PSOE por varios presuntos delitos y pide a Fiscalía que se pronuncie sobre este extremo.
Por otra parte, en otra providencia, el magistrado comunica que la UCO tiene en sus manos nueva documentación entregada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuya directora, Belén Gualda, y varios cargos de la entidad pública están investigados en la pieza de la causa que indaga en presuntas irregularidades en contratos públicos.
La SEPI entregó a los agentes dos discos duros, "siendo uno copia del otro y conteniendo exactamente la misma información", con 70.613 correos electrónicos de los buzones internos de 2025 y 108.924 archivos de los ficheros de datos correspondientes al mismo año. Aparte de la pieza sobre desestabilizar causas judiciales, Pedraz investiga en esta causa de forma paralela si se pagaron comisiones por el presunto amaño de contratos vinculados a la SEPI.
El PP pide la imputación del PSOE en el ‘caso Leire’
Este martes, la acusación popular que lidera el PP ha solicitado al juez Pedraz que cite como investigado al PSOE en esta causa al considerar que las actuaciones practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" del exsecretario de Organización socialista.
Así lo ha solicitado en un escrito, en el que interesa atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE como presunto responsable de "delitos de cohecho y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes".
La acusación recuerda que el juez Pedraz investiga a la exmilitante socialista, a Cerdán y a abogados por presuntamente obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno. Así, relata que la presunta organización, "bajo el liderazgo" de Santos Cerdán, "realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo influir en su desempeño profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a 'destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido".
También recoge que, supuestamente, "intentó influir sobre testigos relevantes en dichos procedimientos, como Carmen Pano", la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE; presuntamente "trató de desacreditar, neutralizar y condicionar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil" y ve evidencias de que "abonó aproximadamente 20.000 euros a un medio de comunicación afín, Crónica Libre, indiciariamente con cargo a las subvenciones electorales públicas percibidas por el propio partido".
