El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los jueces más influyentes del país, ha vuelto a la primera línea con la publicación de su nuevo libro, titulado La justicia AMENAZADA. Lejos de la pretendida neutralidad que ha cultivado durante años, Marchena lanza en esta obra una crítica soterrada, pero inequívoca, al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sumándose así al coro de jueces que, en los últimos meses, han optado por posicionarse abiertamente contra el Gobierno. La ofensiva judicial se intensifica, y el juez Marchena, lejos de ejercer como contrapeso moderado, parece haberse alineado con el "quien pueda hacer, que haga" que se extiende en ciertos sectores del poder judicial.
Con un título tan explícito como revelador -La justicia AMENAZADA, en mayúsculas- y una portada cargada de simbolismo en la que aparecen togas atadas con cadenas sobre fondo negro, el libro no deja lugar a dudas sobre el tono general. Su tesis central gira en torno a una supuesta pérdida de independencia del Ministerio Fiscal, de la que responsabiliza indirectamente al Gobierno.
Marchena rescata, como punto de partida de su crítica, la ya célebre respuesta del presidente en una entrevista radiofónica en 2018: “¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está”. Una frase que el magistrado recupera para plantear dudas sobre la neutralidad de la Fiscalía General del Estado y su relación con el poder político. “Al poder político le resulta indiferente el desenlace de esas millas de juicios que se celebran cada día, pero tiene un inocultable interés en que esa docena de procesos penales que puedan afectar a que sus intereses estén férreamente controlados por el fiscal general”, escribe Marchena.
La judicatura conservadora contra el Gobierno
Estas palabras llegan en un momento de tensión máxima entre el Gobierno y parte de la judicatura. En este caldo de cultivo, el juez Marchena se incorpora a una suerte de frente judicial que viene ganando visibilidad en los últimos meses, con nombres como los de Juan Carlos Peinado y Ángel Hurtado a la cabeza.
Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, es el magistrado que lleva la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. A pesar de que no ha trascendido prueba alguna que sustente indicios sólidos contra ella, el juez ha mantenido abierta la causa, citando incluso a Pedro Sánchez como testigo. La Audiencia de Madrid, que no encuentra indicios de delito, ha pedido archivar el caso, pero Peinado insiste en avanzar en una instrucción que numerosos juristas califican de artificial. No son pocos los que interpretan su actuación como una estrategia judicial para desgastar al Ejecutivo en un momento político delicado.
Ángel Hurtado, por su parte, vocal del Consejo General del Poder Judicial y también juez de la Sala Segunda del Supremo, ha criticado abiertamente la ley de amnistía. En diferentes foros, Hurtado ha advertido de lo que considera una erosión de la separación de poderes y un uso político del derecho penal. En su voto particular en contra de la aprobación del informe del CGPJ sobre la amnistía, calificó la ley de “inconstitucional”, denunciando que se trata de una “interferencia inadmisible” del poder legislativo en las decisiones judiciales. A esto se suma la cruzada emprendida contra el Fiscal General del Estado por un presunto delito por revelación de secretos, una causa que, al igual que la que dirige Peinado, no encuentra su final y ha probado ser tan solo otra herramienta de desgaste contra el Gobierno de Sánchez.
La irrupción de Marchena no puede interpretarse como un gesto inocente ni aislado. Si bien durante años se le ha considerado una figura institucionalista, su libro supone un viraje evidente. No hay que olvidar que Marchena renunció en 2018 a presidir el Consejo General del Poder Judicial cuando se filtró un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que presumía de que el PP controlaría “desde detrás” la Sala Segunda del Supremo. Su renuncia buscaba preservar su imagen de independencia, pero ahora, con su último libro, esa misma imagen se ve comprometida.
Además, Marchena no menciona en su libro el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, donde la actuación de la Fiscalía -en este caso, criticada por el PP- ha sido duramente cuestionada. Su silencio en este asunto contrasta con la dureza de sus reflexiones sobre la supuesta politización del Ministerio Fiscal, lo que lleva a pensar que su crítica tiene un objetivo concreto: el actual Gobierno.
En declaraciones recientes en la Universidad CEU Fernando III, Marchena habló del “pesimismo” con el que analiza el rumbo del país, afirmando que “la Justicia es objeto de presión, cuando no de deslegitimación”. Este diagnóstico, lejos de ser una reflexión académica, parece el preámbulo de una intervención más política que jurídica.
La publicación de La justicia AMENAZADA no es, por tanto, una anécdota bibliográfica, sino un gesto con significación política clara. Marchena, Peinado, Hurtado tan solo hacen que la lista engorde. La estrategia parece clara: desgastar al Gobierno no solo desde la oposición parlamentaria, sino también desde los tribunales. Se abre paso, con fuerza, un activismo judicial que abandona la toga para participar -desde el estrado o desde el papel- en el debate político más áspero. El mensaje es nítido: si el Parlamento no puede, que lo haga la Audiencia. Y si los votos no bastan, que hablen los autos.