Este martes la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la DANA del 29 de octubre ha citado a un total de once testigos, siete de los cuales son funcionarios de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y cuatro, trabajadores de la plataforma tecnológica del 112.
Todo ello se desprende de la resolución que ha sido dictada y remitida a cada una de las partes este martes y en la que la magistrada reclama al director general del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Luis Gomis Ferraz, que informe en un plazo de cinco días si los recursos destinados a la vigilancia del barranco del Poyo el 29 de octubre “fueron utilizados y en qué momento cesó la utilización de dichos efectivos”.
En este orden de cosas, por lo que respecta a la AVSRE la juez de Catarroja ha llamado a declarar concretamente a la operadora de Comunicación de Emergencias, la coordinadora de recursos y Protección Civil, dos técnicos, y los jefes del servicio de Planificación, Extinción Forestales y de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Emergencias. Por parte del 112, la magistrada ha citado a cuatro trabajadores del servicio de emergencias de la Comunitat Valenciana, entre los que se encuentra el coordinador de la Unidad Técnica de Comunicaciones.
Pradas y el presunto “colapso” del 112
En este sentido, la juez de Catarroja ya se habría citado previamente con la que fuera consellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, después de que esta declarara que el 112 habría llegado a “colapsar” entre las 00:00 y las 23:59 horas del 29 de octubre. Asimismo, argumentó que las llamadas no llegaban al CECOPI porque se encuentran en edificios distintos y que no le llegó ninguna llamada de Paiporta, Chiva, etc, y estaban concentrados en las zonas de Utiel-Requena y Forata.
En la misma línea, quien fuera responsable de Emergencias añadió que en el CECOPI estaban conectados por la plataforma de videoconferencias Webex y no había pantallas de televisión. “Eran tres paredes, una puerta y un panel con una puerta; y había un pasillo tras una pared que era donde tenían una neverita y una cafetera”, señaló.
Todo ello lo expuso después de conocerse el informe presentado por Emergencias la juzgado en el que se refleja que el teléfono 112 de la Generalitat recibió 19.821 llamadas entre las 00:00 y las 23:59 horas, la mayoría a partir de las 15:00 horas, y que llegó a gestionar hasta 4.770 incidentes.
Piezas informativas y programas que cubrieron la DANA
Con todo ello, al margen de citar a los once trabajadores del AVSRE y del 112, la magistrada ha solicitado en la providencia que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) las grabaciones, piezas informativas y programas relacionados con la cobertura de la DANA que no hubiera remitido al juzgado con anterioridad.
Similar a esto, el pasado mes de marzo la jueza ya solicitó al 112 acceder a las grabaciones de todas las llamadas recibidas el 29 de octubre. Lo hacía después de que el sindicato FETAP-CGT, quien actuó como acusación popular, recordara que la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias obliga al Ejecutivo de Mazón a grabar las llamadas telefónicas.
La juez rechaza imputar a Bernabé
La citación a los once trabajadores se produce en el mismo día en el que la juez de Catarroja ha rechazado citar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La magistrada, responde así en un auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, a la solicitud presentada por una acusación popular. Fundamenta su decisión de no imputar a Bernabé en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Consell es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”.
“Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, añade la instructora, entre otras consideraciones, en lo que viene siendo el enésimo rejonazo al discurso tanto del PP de Carlos Mazón, como de la exconsellera imputada, Salomé Pradas.