Joaquín Urías: “Algunos jueces colaboran a crear una sensación disuasoria”

El exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías (1968) define el SLAPP en conversación con El Plural como “las demandas presentadas para intentar evitar el acceso a la información”. Explicado de otra forma, se corresponden con demandas que “representan un abuso judicial” y “se utilizan contra periodistas o activistas que están intentando contar una historia sobre alguien”.

Tras especificar que en España no existe en estos momentos una legislación específica contra esta cuestión, sí así una “directiva europea de protección del informante”, para definirlo de manera sencilla, este también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla considera que “cada vez” hay más organizaciones en nuestro país que “intentan, a través de denuncias que muchas veces no llegan a nada, silenciar a personas, medios de comunicación o entidades que son de otra línea ideológica”.

A la hora de hablar de lawfare o emplear términos similares, Urías se muestra cauto y pide diferenciar entre un mal hacer intencionado y una forma de proceder que tenga que ver, por ejemplo, con el desconocimiento. Así, emplaza que “hay casos en los que realmente los tribunales de Justicia no colaboran”, sino que son un “mero instrumento”, y lo explica de la manera que se expone a continuación.

“Si yo soy un juez y constantemente presentan ante mí demandas, tengo que aceptarlas, tramitarlas, estudiarlas... Es decir, a veces los jueces son instrumentos de grandes corporaciones o fundaciones con dinero más o menos oscuro, en cuyo caso los jueces no colaboran”.  En estos escenarios, el jurista señala que quizá pueda existir “abuso de la jurisdicción”, pero “no lawfare”. “Es cierto que a veces puede atribuírsele a jueces falta de formación o desconocimiento de lo que es el SLAPP (…) Pero a esto no creo que se le pueda llamar lawfare”, refrenda.

Sin embargo, diferencia estos episodios con otros en los que los jueces “tratan deliberadamente determinadas demandas de forma diferente a otras”, con lo que “admiten a trámite demandas que no tienen fundamento y/o alargan la instrucción, aunque al final se archiven después de uno o dos años”. “En esos casos se ve que alguien está compareciendo o se siente investigado y, aunque al final no haya caso, los jueces colaboran en crear una sensación que disuade a otras personas de decir determinadas cosas en público por el miedo a enfrentarse a un par de años a escrutinio”, apuntala. Urías celebra no haber sufrido nunca acciones propias del SLAPP que sí habrían padecido otros rostros de diferentes ámbitos en los últimos años.

Una carrera dedicada a la Justicia

Joaquín Urías ejerce como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de la capital andaluza y fue letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010.

Doctor en Derecho, sus líneas de investigación se han centrado especialmente en el estudio de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión, cuestiones sobre las que ha escrito numerosos artículos y libros, entre los que se encuentran Jurisprudencia constitucional sobre libertad de información, La tutela frente a leyes o Lecciones de derecho de la información.

Entre 2020 y 2014 fue nombrado director por la Unión Europea del proyecto Euralius Consolidation of the Justice System para la reforma y consolidación del sistema judicial de Albania y trabajó en Tirana como asesor de la delegación de la Unión Europea.

Ha participado en numerosos proyectos de cooperación internacional, sobre todo con refugiados, en Indonesia, Georgia, Benin, México, Costa de Marfil, Haití o Turquía, entre otros países. Colabora frecuentemente como articulista y experto en distintos medios de comunicación.

Sus opiniones le han llevado a vivir momentos desagradables. Un ejemplo de ello es que en 2025 se enfrentó a un episodio en el que fue “intimidado y amenazado” por estudiantes falangistas que se atribuyeron la responsabilidad de los hechos. En marzo de ese año se encontró con una pintada en la puerta de sus despacho en la que se podía leer EL VALLE NO SE TOCA, junto a la firma 'JFE-SEU' (Juventud Falangista Española-Sindicato Español Universitario), así como varias pegatinas del mismo grupo. Al día siguiente, durante un consejo de departamento, un estudiante le propició frases, según contaba él mismo entonces a varios medios de comunicación y refrendaba a este periódico, como que “quien siembra vientos, recoge tempestades” o que “los rojos fusilados fueron bien fusilados”.

Se presupone que aquellos hechos vinieron motivados por una declaración que el docente hizo en X la semana anterior en relación con una publicación de la organización ultracatólica Hazte Oír, que denunciaba a la exdiputada e historiadora Esther López Barceló por decir que “habría que dinamitar” la cruz del Valle de Cuelgamuros, anteriormente Valle de los Caídos, a lo que Urías contestaba: “Yo también quiero que dinamiten la cruz del Valle de los Caídos”.