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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para 2027, de las que 500 corresponden a la carrera judicial y otras 200 al Ministerio Fiscal. La medida supone un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla de fiscales, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Estas plazas se suman a las 700 aprobadas el pasado mes de julio para 2026, por lo que el Gobierno habrá creado 1.400 plazas en dos años: 1.000 de jueces y 400 de fiscales. El Ejecutivo destaca que esta ampliación supera las 930 plazas creadas durante los quince años anteriores y la vincula a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
De las 500 nuevas plazas judiciales, 104 se destinarán a la jurisdicción social, 96 a la penal y 142 a la civil, estas últimas repartidas entre los Tribunales de Instancia y las Audiencias Provinciales. También se contemplan 87 plazas para órganos mixtos y otras 30 de adscripción territorial, que podrán redistribuirse según las necesidades de trabajo.
El refuerzo incluye 18 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer, cuya dotación ha pasado de 121 a 197 en dos años, lo que representa un incremento del 62,8%. Asimismo, se crearán seis plazas en las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuatro en la Audiencia Nacional y 19 en los Tribunales Superiores de Justicia.
Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña recibirán 94 nuevas plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunidad Valenciana, con 53. El Ministerio explica que la distribución responde a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población.
En cuanto a las 200 nuevas plazas de fiscales, Cataluña será la comunidad más beneficiada, con 47 incorporaciones, seguida de Andalucía, con 31, y Madrid, con 26. El resto se distribuirá entre las demás comunidades autónomas y los órganos centrales del Ministerio Fiscal.
El Gobierno enmarca esta ampliación en su plan de transformación de la Administración de Justicia, que combina medidas organizativas, procesales y digitales para mejorar el funcionamiento del servicio público.
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