El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha afirmado que, por primera vez, la Agencia Tributaria ha abierto una inspección a quienes están encausados en un procedimiento penal que investiga, entre otros, supuestos delitos fiscales.
Así lo ha trasladado el sindicato en un comunicado tras conocerse que se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora respecto del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de su mujer, de sus hijas y de la empresa de estas Whathefav, así como de su socio Julio Martínez Martínez y once entidades relacionadas.
Esta es una posibilidad que los técnicos siempre han reclamado, en especial, en determinadas investigaciones fiscales o judiciales que afectaban a personas de gran notoriedad pública, y denunciaron que esa inacción y trato de favor de anteriores direcciones de la Agencia tributaria permitieron a los investigados presentar declaraciones complementarias evitando la imputación de los delitos fiscales.
Esta posibilidad de abrir inspecciones para interrumpir la prescripción tributaria y exigir los tributos aunque la sentencia firme tarde años en ser dictada, encendió un debate en el que algunas personas, incluso algún exdiputado, o portavoces de alguna organización profesional, negaron en su día el criterio de los técnicos de Hacienda.
"Sin embargo, hoy la AEAT ha demostrado que es posible abrir las inspecciones con investigaciones judiciales en curso", han señalado los técnicos, tras recordar que esta posibilidad se incluye expresamente en la ley general tributaria desde 2015.
La investigación de Hacienda
En el marco de la causa que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’, este viernes la Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto una investigación sobre las obligaciones tributarias de Zapatero, su mujer y sus hijas entre 2021 y 2025.
En una providencia, el magistrado que instruye el caso ‘Plus Ultra’ traslada que Hacienda ha abierto “actuaciones de comprobación e investigación inspectora" tributaria sobre el expresidente del Gobierno; su mujer, Sonsoles Espinosa; sus hijas, Alba y Laura Rodríguez; así como sobre el empresario Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante. Tal y como se desprende del auto, esta investigación girará en torno a los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Con todo ello, el juez Calama ha acordado integrar estas actuaciones en la causa y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal". Asimismo, en el auto, el magistrado de la Audiencia Nacional añade que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron incautadas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar.
Sobre ello, en otro auto, el juez Calama indicó que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa. A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.
A razón de ello, el magistrado situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".
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