El polémico juez jubilado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, no se rinde y vuelve a la carga. Su abogado ha recurrido la decisión del juez del caso Leire que le sacó del procedimiento como acusación particular porque, según el magistrado "en su escrito de personación no hay concreción de ningún hecho que avale su condición de perjudicado en las presentes más allá, de indicar, que, de diversos artículos periodísticos, se desprendería que la referida investigada, presuntamente difundió informaciones presuntamente falsas y todo con la finalidad de menoscabar el honor y la buena e intachable imagen del mismo. Resulta evidente que dicho menoscabo, de tener en su caso relevancia penal, sería un presunto delito de injurias, ajeno al objeto de la presente causa".
Ahora, su letrado ha presentado un recurso, tanto de reforma como subsidiario de apelación a la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso ElPlural.com, en el que asevera que "nuestra personación como acusación particular en la presente causa es absolutamente necesaria y conforme a Derecho y se erige como el único modo idóneo para restituir los bienes jurídicos tutelados por la norma penal que corresponden a nuestro mandante (Manuel García-Castellón) y que han sido deliberadamente puestos en peligro por la actuación de las personas físicas que ostentan la condición de investigado en las presentes Diligencias Previas".
Dice el escrito que, el juez ha partido de una premisa "absolutamente errónea" para justificar la decisión de denegarles formar parte como acusación particular, sosteniendo con "sorprendente simplicidad" que, en su escrito de personación, "no habríamos concretado ningún hecho constitutivo de los delitos objeto de instrucción -cohecho y tráfico de influencias- que hubiese sido desplegado por los sujetos investigados y que hubiese afectado a nuestro mandante, reconduciéndolo, a lo sumo, a un delito contra el honor y tratando así de descargar la labor instructora e investigadora que se le presupone".
Defensa de Balas
En su recurso, el abogado no duda en defender el teniente coronel Antonio Balas de la UCO. Así, asevera: "A nuestro juicio, sin embargo, las conductas que afectan tanto al Sr. Balas como al Sr. García-Castellón, en el fondo, son extremadamente similares (y, por tanto, merecen de igual modo la restitución que la jurisdicción penal puede ofrecer): los investigados, con una estrategia coordinada, premeditada y deliberada, han tratado –y están tratando en la actualidad- de obtener todo tipo de información que pudiera desprestigiar a los profesionales de la Justicia (como nuestro patrocinado) y de demás autoridades como la propia Guardia Civil (donde entra el Sr. Balas) que interviniesen en los distintos –y numerosos- procesos judiciales que afectasen al PSOE, bajo la promesa de ofrecer ventajas y beneficios judiciales, lo cual encuentra su claro acomodo en los delitos objetos de instrucción".
Excede el Derecho al Honor
Y sobre el polémico juez expone que la resolución impugnada parte de que la personación se apoyaría únicamente en artículos de prensa y en un supuesto menoscabo al honor. A este respecto asegura el escrito que, esa lectura no se corresponde con el estado real de las actuaciones, que ya se habían puesto de relieve mediante citas expresas de declaraciones practicadas: en ellas "se describe una actuación dirigida a desacreditar profesionalmente a mi mandante y a situarle como objetivo preferente en un contexto de búsqueda de información “solo negativa”, todo ello en una dinámica que -por su propia finalidad- excede con mucho de un mero “honor” abstracto".
Y añade que, en particular, "lo que subyace no es una crítica reputacional aislada, sino un esquema funcional en el que el descrédito opera como instrumento para intentar obtener ventajas en el ámbito judicial, y ello aparece íntimamente vinculado a las grabaciones de la causa del excomisario Villarejo y al hecho determinante de que quien instruía dicha causa como Juez era precisamente Manuel García-Castellón".