El foco de la justicia y los medios en las causas que rodean al Partido Socialista ha hecho caer en el olvido otros procedimientos, entre los que está el que afecta a Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda en tiempos de Mariano Rajoy saltó al disparadero hace poco más de un año, cuando se levantó el secreto sobre la investigación en torno a él, que ahora puede reflotar. El juez que la instruye, Rubén Rus, ha ordenado prorrogarla después de la lentitud con la que se han llevado a cabo las pesquisas desde junio de 2025.
A finales de ese mes, se conoció que el magistrado llevaba años investigando a Montoro por, presuntamente, haber recibido pagos a cambio de legislar a favor de empresas gasísticas clientes de su despacho, Equipo Económico, a través del cual habría canalizado dichos pagos. Desde entonces, por el juzgado de Tarragona solo han pasado la mitad de los investigados, y solo uno ha respondido a las preguntas de Rus, mientras que el exministro todavía no ha sido citado.
Por ello, el juez pide más tiempo para prolongar una investigación “sumamente compleja”, como escribe en su auto de hace unos días. A las declaraciones que quedan por prestarse, añade que los Mossos d'Esquadra tienen pendiente elaborar varios atestados que podrían esclarecer, por ejemplo, cuánto dinero se movió entre Montoro y seis personas más de su entorno –entre ellos, su hermano-. Para ello, los agentes del cuerpo policial catalán investigan sus movimientos bancarios entre el 1 de enero de 2006 y la actualidad.
El juez busca vencer ocho años de investigación paralizada
Lo cierto es que, más allá de destaparse el caso hace un año, la judicatura tiene la sensación de que la investigación ha avanzado muy poco. El juez tiene pendiente, además, enfrentarse a los recursos y escritos de alegación que presentó la larga lista de investigados para tratar de anular la causa, por la que se investigan delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Las defensas quieren que el caso pase a manos de juzgados en Madrid, mucho más saturados que la Audiencia Provincial de Tarragona. El tribunal catalán decide en septiembre sobre este asunto, ya que agosto es mes inhabil en la Administración de Justicia. Se trata de una decisión que despierta interés por su relevancia en la causa entre las fuentes jurídicas que cita Eldiario.es.
Mientras, las defensas tratan de desactivar la causa por todas las vías posibles, para lo que han recurrido ya la decisión del juez de prorrogarla. Alegan que el juez no ha pedido a las partes que se pronuncien antes de tomarla, y califican la investigación como prospectiva. Así figura en el escrito de los abogados de Montoro, que señalan otras presuntas irregularidades cometidas por el juez, como las filtraciones a los medios durante el tiempo en el que la causa estaba bajo secreto, o que los Mossos, dicen, estén tomando declaraciones sin control judicial.
A su vez, Equipo Económico también recurre. El despacho, considerado el epicentro de la trama de tráfico de influencias, apunta también al trámite de audiencia a las partes, y creen que ocurrió lo mismo en la prórroga del mes de enero. “La actuación del órgano judicial que ahora impugnamos abunda en lo que no es sino una manifestación más del absoluto desprecio por parte de este órgano judicial al derecho de defensa de los investigados”, dicen.
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