Para situar las cosas en su contexto conviene recordar que José Luis Olivas fue Presidente de la Generalitat valenciana en 2002 en sustitución de Zaplana cuando éte fue nombrado Ministro de Trabajo, pero antes lo había sido todo en el PP valenciano desde que entró como concejal en el ayuntamiento de la capital del Turia en 1987. Después de ser diputado autonómico, consejero de economía, secretario general del PP valenciano y Presidente de la Generalitat, pasó directamente a presidir Bancaja bajo cuyo mandato quebró y por cuyas cuentas y la fusión de Bankia está imputado. Olivas resume toda el ser del PP valenciano durante décadas, al igual que Juan Cotino, cuyas creencias ultrareligisosas y haber sido Director General de la Policía no le han impedido estár inmerso en varias causas judiciales por presunta corrupción. Ahora

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado  tres años de cárcel tanto para Olivas como para  el empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, por la comisión de un delito de fraude fiscal.

580.000 euros por trabajos no realizados

En la jornada de conclusión del juicio contra ambos que se celebra en un tribunal de primera instancia en Valencia, la acusación ha insistido en que ambos consignaron como gasto deducible del Impuesto de Sociedades del Grupo Asedes (antigua Sedesa) una factura de 580.000 euros en favor de Imarol, una mercantil de Olivas y su mujer Mercedes Álvarez, por trabajos que nunca se realizaron.

De los testimonios de los encausados se deduce que Olivas ejerció de comisionista para los Cotino por favorecer sus intereses empresariales mientras compatibilizaba la presidencia de Bancaja, una entidad con la que Sedesa mantenía créditos millonarios. Algunos de esos créditos están siendo investigados por después de que el equipo de José Ignacio Goirigolzarri en Bankia llevase a la Fiscalía préstamos y avales sospechosos de la etapa anterior a la nacionalización.

Aunque la  Abogacía del Estado ha llegado a hablar de “favores inconfesables”, aunque en realidad no es esto lo que se ha juzgado, sino si el pago de 580.000 euros obedeció a una actividad real o no.

La causa surgió de análisis de la contabilidad de Sedesa en la investigación de pagos a Orange Market, la empresa del caso Gürtel, por la presunta financiación irregular de actos del Partido Popular.

Vicente Cotino: "pacté pagarle"

La operación bajo sospecha es la venta del 45% empresa Parques Eólicos Valencianos, empresa de la que curiosamente bancaja poseía el 20% y Sedesa (familia Cotino) otro 25%. Olivas declaró que mantuvo encuentros con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, para negociar la venta.

Al final fue Endesa quien compró el paquete en 2008 y generó a los Cotino una plusvalía de 39 millones de euros. “Pacté verbalmente con Olivas que si me ayudaba a conseguir un buen precio le pagaría medio millón de euros”, declaró Vicente Cotino en la primera jornada del juicio. El empresario confesó que recurrió a Olivas para desprenderse de su participación precisamente porque era consejero de la eléctrica y a la vez presidente de Bancaja.

Los testimonios de los peritos han sido contradictorios. Los inspectores de Hacienda citados como testigos por la acusación sostienen que fueron terceras personas las que realizaron la gestiones de venta de la la participación en 2008 de Proyectos Eólicos Valencianos. “A Olivas solo le informaban por su cargo de presidente”, llegó a manifestar Meseguer, que fue director de la Agencia Tributaria. Un argumento que este miércoles ha reiterado la fiscal de delitos económicos en su exposición final.

Las presuntas gestiones de Olivas por las que cobró medio millón de euros se produjeron el mismo año que el Grupo Bancaja aprobó una importante reestructuración de los riesgos que mantenía con el Grupo Sedesa, controlado por el sobrino el expresidnte de las Cortes Valenciana y ex director general de la Policía Nacional, Juan Cotino. La caja, a través de su filial inmobiliaria CISA, canceló más de 100 millones de euros mediante daciones de pago o refinanciación de préstamos.