La Fiscalía ha salido en defensa de la continuidad del juicio por la operación Kitchen y ha rechazado de plano las maniobras planteadas por las defensas para suspender la vista oral en la Audiencia Nacional. El Ministerio Público sostiene que el tribunal es competente para enjuiciar los hechos y niega que los acusados hayan sufrido indefensión durante la instrucción, pese a las críticas formuladas por sus abogados sobre la prórroga del secreto de sumario y sobre el encaje de esta pieza dentro del caso Tándem.
La posición del fiscal supone un respaldo claro al arranque del juicio, que ha vuelto a poner bajo el foco el presunto dispositivo parapolicial organizado desde la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para arrebatar documentación comprometedora al extesorero del PP Luis Bárcenas. En el banquillo se sientan, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, junto a otros antiguos mandos policiales.
En la segunda sesión del juicio, centrada en las cuestiones previas, la Fiscalía respondió uno por uno a los argumentos esgrimidos el día anterior por las defensas. Los acusados habían pedido la nulidad del procedimiento y la suspensión de la vista oral alegando, entre otras cuestiones, que la Audiencia Nacional no sería el órgano competente para juzgar los hechos, que la prórroga del secreto de sumario fue injustificada y que no existe una conexión suficiente entre la pieza Kitchen y la macrocausa Tándem, que pivota sobre las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo.
El fiscal rechazó ese planteamiento y afirmó que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es el órgano “objetivamente competente” para enjuiciar la causa. También negó que la ampliación del secreto de sumario provocara una merma real del derecho de defensa. Según expuso, no hay indefensión cuando, una vez levantado ese secreto, las partes han podido conocer las diligencias practicadas, preparar su estrategia y ejercer su defensa sin limitaciones efectivas. La idea central de la Fiscalía fue clara: no basta con denunciar irregularidades de forma abstracta, hay que acreditar un perjuicio real y concreto, y eso, a su juicio, no ha ocurrido.
Otro de los puntos clave del pulso procesal estuvo en los audios atribuidos a Villarejo. Las defensas trataron de desacreditarlos alegando que fueron obtenidos de forma ilícita y que no existe plena certeza sobre su autenticidad o integridad. La Fiscalía volvió a cerrar filas y defendió que esos archivos son prueba válida porque no consta que se obtuvieran vulnerando derechos fundamentales. En su intervención, el representante del Ministerio Público introdujo además un matiz relevante: una eventual duda sobre si los audios fueron editados, copiados o manipulados no conduce automáticamente a su nulidad. En todo caso, explicó, esa discusión afecta a la fiabilidad que pueda otorgárseles como material probatorio, pero no a su validez de entrada dentro del procedimiento.
La Fiscalía también se opuso a una de las principales peticiones formuladas por el PSOE, que ejerce la acusación particular en esta causa. Los socialistas habían reclamado la suspensión del juicio y la retroacción de actuaciones para volver a investigar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro. El objetivo era ahondar en la posible conexión política de la trama y aclarar si hubo un nivel de implicación más alto dentro del partido. Sin embargo, el fiscal rechazó esa vía con un argumento procesal nítido: el juicio oral solo puede dirigirse contra las personas para las que ya se acordó la apertura de juicio oral. Dicho de otro modo, no cabe utilizar esta fase para reabrir decisiones ya cerradas respecto a quienes quedaron fuera de la causa.
Ese rechazo tiene un alcance político evidente. Cospedal y López del Hierro llegaron a estar investigados en 2021, pero finalmente la causa se archivó para ambos. La posición de la Fiscalía impide, al menos en este momento procesal, que el juicio sirva para volver a colocarlos en el centro del procedimiento. También dificulta que la vista oral se ensanche hacia la dimensión estrictamente política que reclama el PSOE, que además había solicitado llamar al PP como partícipe a título lucrativo.
La Abogacía del Estado y la representación de la familia Bárcenas se sumaron a los argumentos de la Fiscalía, reforzando así la tesis de que no existen razones jurídicas suficientes para frenar el juicio ni para invalidar, de entrada, algunas de las pruebas más sensibles del caso. Esa coincidencia deja a las defensas en una posición más débil en este primer tramo del proceso, aunque será la Sala la que deba resolver las cuestiones previas y decidir si alguna de las objeciones presentadas prospera.
Lo que está en juego no es menor. Kitchen es una de las piezas más delicadas derivadas del ecosistema político y policial que rodeó los años finales del Gobierno de Rajoy. La acusación sostiene que desde el Ministerio del Interior se activó una operación clandestina para espiar a Bárcenas y hacerse con documentación que pudiera comprometer al PP en plena resaca del caso Gürtel. El juicio entra ahora en una fase decisiva. De momento, la Fiscalía ha dejado claro que no ve grietas suficientes para tumbarlo antes de que empiece a examinarse el fondo del asunto.