Los fiscales de la Fiscalía General del Estado que investigan los presuntos delitos cometidos por el Rey emérito Juan Carlos I, entre ellos el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le han solicitado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la ampliación de seis meses en dos de las piezas abiertas de investigación. En este caso, los representantes del Ministerio Público han pedido más tiempo en las piezas referentes a las supuestas comisiones cobradas por el monarca procedentes de la construcción del AVE a la Meca, así como en el uso de tarjetas opacas.

Esta petición se une a otra anterior, ya confirmada por Delgado, que investiga si el emérito tiene cuentas ocultas en Jersey. Los fiscales se han visto obligados a pedir más tiempo debido a que, las Diligencias de Investigación Penal (investigación de la Fiscalía) tienen un plazo máximo de seis meses, salvo excepciones que deben ser firmadas por la fiscal general del Estado.

El plazo de esos seis meses se cumple ahora en diciembre para todas las líneas de investigación. Los fiscales necesitan más tiempo, pese a que ya es público y notorio que todo lo investigado terminará en archivo. Y necesitan ese tiempo porque la Fiscalía suiza envió hace una semana la documentación que los fiscales españoles habían solicitado ya hace meses.

Archivo

Según las fuentes cercanas a la investigación, no podrán seguir adelante ya que no se han encontrado pruebas de que el monarca tenga cuentas ocultas, y el resto de delitos, básicamente incardinados en el fraude fiscal, quedarían en nada después de las dos regularizaciones con Hacienda que ha hecho el padre de Felipe VI. Unas regularizaciones que para el Ministerio Público se hicieron en tiempo y forma, además de ser a su juicio espontáneas.

Es este último punto el que más ampollas levanta en algunos sectores de la Fiscalía, puesto que se sabe que se avisó al emérito de que se iba a abrir una investigación, por lo que la definición de "regularización espontánea" queda bastante en entredicho, sobre todo si se compara con la actuación ordinaria contra el resto de personas que habitualmente ejerce la Fiscalía española.