Las últimas declaraciones del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sobre la crisis de áticos que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, constituyen novedades en un caso que ya estudia la justicia por presuntos delitos de prevaricación y malversación, señalados por varias denuncias trasladadas por la Fiscalía al juzgado competente. La lideresa madrileña había intentado escurrir el bulto, trasladando el marrón a su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, pero las palabras del jefe de la oposición vuelven a situarla en el centro de la polémica.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid investiga la compra del lujoso ático en el prestigioso barrio de Chamberí que Planifica Madrid, empresa pública, acometió el pasado mes de abril. La operación, por un valor de 6,3 millones de euros, derivó en la adquisición de inmueble residencial de 485 metros cuadrados para, supuestamente, servir como oficina temporal, debido a las obras en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la incapacidad de ser usada como lugar de trabajo y su coincidencia con los movimientos inmobiliarios de Ayuso activaron la polémica.
La baronesa del PP intentó salir del paso aludiendo a que se destinaría a oficinas y, una vez desmentida esta posibilidad, alegó que desconocía los pormenores de la operación y anunció la venta del inmueble, instrumentalizando a las víctimas de los incendios, a quien aseguró que se destinaría el dinero recaudado. Sin embargo, Feijóo ha revelado que conocía que la Comunidad de Madrid y estaba “buscando lugares” para trasladar “el despacho de la presidenta y de los seis, siete y ocho puestos de su secretaria y atención de Gabinete”. "Yo conocía que se estaban buscando locales para hacer ese traslado", ha insistido.
Génova conocía, gracias a una reunión informal con el Gobierno de Madrid, que se iban a realizar "obras de remodelación" en la sede de Sol porque "había problemas" con las cañerías, el aire acondicionado o la conservación del edificio y que se iba a buscar otro emplazamiento para Ayuso y su equipo. Se desconoce los particulares que trasladaron esta información a Feijóo, pero no parece creíble que la presidenta regional fuese la única personalidad del PP que desconociese que estos movimientos se estaban produciendo.
El conocimiento podría ser clave para entender quién está detrás de la orden que activó la compra del ático y, en consecuencia, que la Justicia depure responsabilidades si finalmente considera oportuno la apertura de caso. De ser así, el jefe del PP podría acabar declarando como testigo para esclarecer los hechos. Una posibilidad que ha deslizado uno de los denunciantes particulares, el abogado Javier Flores. “Ha fijado la fecha, ha admitido el destino y ha señalado quién decidió. Tres datos que ningún expediente aporta, porque no hay expediente”, ha expresado.
“Quien sale a defender a alguien de esta manera puede terminar declarando como testigo”, ha añadido el letrado. Más allá de revelar qué personas le dieron la información, el jefe de la oposición también podría aclarar qué detalles se le ofrecieron sobre las obras, que según sus palabras parecen ir más allá de los trabajos de decoración e interiorismo que ha alegado la Comunidad de Madrid para adjudicar el contrato a dedo y sin exigencias de personal cualificado como arquitecto, y por qué señala a Patrimonio, sin saber muy bien a quién se refiere,en vez de a Planifica Madrid.
"Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubicase allí una oficina. Eso es todo", ha expuesto el líder del PP. La compraventa podría haberla realizado la Comunidad directamente, pero esto habría requerido una mayor transparencia y procedimientos reglados que de hacerlo, como así fue, Planifica Madrid, que funciona, aunque siendo pública, como una empresa.
En suma, Feijóo ha abierto varias puertas a la investigación. “Feijóo ha hecho tres admisiones con valor jurídico que valen más que las cinco denuncias que ya están en el Juzgado de Instrucción número 8”, ha apuntado el abogado Flores: el calendario (abril), el destino (la propia Ayuso) y quién decidido. Todos estos detalles podrían ser preguntados al presidente del PP en sede judicial, igual que si es habitual que las autonomías presididas por sus barones le informen sobre supuestas operaciones rutinarias que eran desconocidas por los ciudadanos y sus representantes de otras formaciones políticas.
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