Europa y el Constitucional, ante las injusticias cometidas con el ex fiscal general del Estado

Han transcurrido casi nueve meses desde que el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fuese condenado por la supuesta filtración de datos reservados relacionados con los delitos fiscales presuntamente cometidos por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo, sin pruebas consistentes e ignorando las declaraciones de los testigos, impuso al exjefe del Ministerio Público una pena de inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros y, hace justo un mes, su sucesora trasladó sus discrepancias con el fallo a la Comisión Europea.

La sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, mostró su desacuerdo con la sentencia desde el momento en el que pasó a ocupar el máximo escalafón de la Fiscalía General del Estado, lo que le llevó a incluir sus valoraciones en la contribución al Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, que elabora el Ejecutivo europeo. La mayor preocupación de Peramato, más allá de la propia condena, es la sensación de politización de la Justicia y su distinto comportamiento en función de la persona juzgada que gana cada vez más peso en la sociedad, reforzada por este tipo de decisiones.

El Alto Tribunal condenó a García Ortiz aludiendo a la posibilidad de la comisión del delito por su parte o por “su entorno”, un argumentario sin precedentes que llevó a la Fiscalía General del Estado a recurrir ante el Tribunal Constitucional “por la violación de los derechos fundamentales del acusado”. El organismo trasladó igualmente a la Comisión Europea “la controversia y las críticas en ámbitos judiciales y legales” que generó la sentencia y el diferente tratamiento procesal dado por el Supremo al caso, en comparación con otros de una magnitud similar.

De partida, el Tribunal Supremo no permitió la difusión en directo de las sesiones judiciales, decisión que choca con lo sucedido con los juicios del procés o con grandes casos de corrupción que se juzgan en otros tribunales. Además, la sentencia n siquiera fue unánime, sino que contó con dos votos particulares que apuntaban en la misma dirección que la Fiscalía General del Estado, lamentando la falta de prueba y el ataque a los testimonios de los periodistas. Sin embargo, quizá lo que más ampollas levantó fue la hipocresía de los jueces firmantes.

El Supremo condenó a García Ortiz por supuestamente revelación de datos reservados y, a la par, alguno de los magistrados involucrados en el caso adelantó datos referidos a la sentencia antes de que esta fuese pública o siquiera estuviese redactada. Asimismo, al Tribunal decidió comunicar su decisión mucho antes de emitir la sentencia, lo que sorprendió al conjunto de la judicatura. "La condena se publicó el 20 de noviembre, antes de conocerse el contenido de la sentencia, que no se notificó hasta el 9 de diciembre”, protestó la Fiscalía General del Estado ante la Comisión Europea.

"Los hechos en los que se basaba la condena no pudieron conocerse durante varias semanas", añadieron desde el organismo dirigido por Peramato. "Varios magistrados rompieron el secreto de las deliberaciones para mostrar en público su posición contra el fiscal general avanzando su condena", incide el informe, desgranado por infoLibre. El principal señalado fue el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, quien adelantó en un acto del Colegio de la Abogacía de Madrid, acusación popular contra García Ortiz, que sería él quien se encargaría de la sentencia.

La ponente iba a ser Susana Polo, pero renunció por estar en desacuerdo con la sentencia, lo que adelantó, entre bromas y risas de los asistentes, Arrieta. Otros dos miembros del Tribunal que condenó a García Ortiz, Juan Manuel Berdugo y Antonio del Moral, también participaron en el curso del Colegio de Abogados de Madrid, por el que cobraron. Es decir, jueces recibiendo dinero de una entidad que funciona acusación particular de uno de los juicios en los que trabajan.

Por si fuera poco, del Moral también fue señalado por ser el mentor del abogado del novio de la presidente de la Comunidad de Madrid y de un letrado APIF, asociación judicial también personada contra el exfiscal. "Uno de los magistrados que firmó la sentencia fue, mientras se condujo el proceso, director de tesis de dos de los abogados de la acusación", recogía el informe de Peramato. Un cóctel que llevó a la Fiscalía General del Estado a recurrir ante el Constitucional, pero también a denunciar ante Europa lo sucedido.