Pocas figuras públicas han estado tan expuestas a la lupa judicial y mediática como Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde hace más de un año, su nombre aparece asociado a investigaciones, registros y citaciones que se suceden sin descanso, situándola en el epicentro de una polémica que mezcla lo jurídico, lo político y lo mediático. Lo que comenzó como una denuncia presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias en abril de 2024 ha derivado en una instrucción interminable, plagada de imputaciones que se acumulan y que, en muchos casos, han terminado siendo anuladas o cuestionadas. Ahora, el juez Juan Carlos Peinado ha abierto un nuevo frente con la acusación de malversación de fondos públicos, un paso que multiplica las dudas sobre si estamos ante un proceso con base real o frente a una causa política disfrazada de instrucción judicial.
La nueva imputación se centra en la contratación de Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez en Moncloa. Según el auto, parte de sus funciones no se habrían limitado a la asistencia institucional, sino que también se habrían extendido a labores relacionadas con la actividad académica de Gómez en la Universidad Complutense, concretamente en una cátedra que dirigía. De ahí que el juez considere que podría existir un uso indebido de recursos públicos. Como consecuencia, ambas han sido citadas a declarar: Álvarez lo hará el 10 de septiembre y Gómez un día después, el 11 de septiembre de 2025.
Este episodio se suma a una larga lista de imputaciones que han marcado el caso. En distintos momentos, Gómez ha sido investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción privada, intrusismo profesional o apropiación indebida de software universitario. Muchas de esas acusaciones han sido corregidas o archivadas, lo que no ha evitado el desgaste personal y mediático. La estrategia de Peinado ha sido calificada de errática por numerosos juristas y medios de comunicación, que han señalado errores procesales, filtraciones y decisiones que han terminado perjudicando a terceros, como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, o el empresario Juan Carlos Barrabés, también citados en la instrucción.
La polémica no reside solo en el fondo del asunto, sino en el modo en que se ha llevado a cabo la instrucción. Desde el PSOE y el entorno de Moncloa se habla abiertamente de una “cacería judicial”. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, llegó a calificar la investigación de “prospectiva”, es decir, orientada a ver si se encuentra algún indicio que sostenga una acusación, en lugar de partir de pruebas sólidas. Para el Gobierno, todo obedece a una estrategia política dirigida a erosionar la figura del presidente a través de su entorno más cercano.
En el lado contrario, tanto el PP como Vox consideran que el caso es una muestra de cómo las instituciones se han visto contaminadas por supuestas prácticas de corrupción vinculadas al círculo del poder. Argumentan que las imputaciones, aun con sus correcciones, son indicativas de un comportamiento impropio y que el juez está cumpliendo con su deber de investigar. De ahí que exijan responsabilidades políticas inmediatas y refuercen su discurso sobre la necesidad de regeneración.
A este escenario se suma la batalla mediática, en la que cada paso del juez Peinado se convierte en portada y cada declaración de Begoña Gómez es analizada al detalle. La causa ha generado un clima en el que las filtraciones y la presión pública avanzan a la par que los autos judiciales. Para algunos analistas, esta exposición constante supone un juicio paralelo que condiciona tanto la opinión pública como la propia evolución del caso.
En cualquier caso, lo cierto es que a día de hoy no existen condenas firmes ni pruebas concluyentes que avalen las imputaciones más graves. La investigación se mantiene abierta y acumula decisiones corregidas en instancias superiores. Ese es el argumento principal de quienes defienden que Gómez está siendo sometida a una persecución judicial que sobrepasa los límites de la justicia para adentrarse en el terreno de la política. En este punto, el debate trasciende lo estrictamente judicial y se traslada al terreno de la percepción ciudadana. ¿Estamos ante un caso real de corrupción que afecta al entorno del Gobierno o frente a una operación orientada a desgastar políticamente al presidente a través de su esposa?