El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, se abstendría de la votación en caso de que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentara recurso. El magistrado adoptaría esta decisión porque en el pasado fue superior jerárquico de Ortiz, tal y como ha informado en las últimas horas el diario El Mundo.
Concretamente, entre los años 2004 y 2011 Conde-Pumpido era precisamente fiscal general del Estado, mientras que la persona que lo sería después, oficialmente hasta el pasado lunes, fiscal especialista de incendios, urbanismo y medio ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El presidente del TC estaría “planteándose” esta posibilidad en caso de recurso y si él siguiera en el mismo cargo amparándose en el artículo 80 de la Ley Orgánica del TC, que establece la supletoriedad de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la recusación y la abstención, y en virtud del artículo 219.12 (a) de la norma, que reconoce como motivo de abstención y recusación “ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa”.
Hay precedentes de lo que podría pasar de este mismo año, cuando los fiscales Dolores Delgado y Eduardo Esteban presentaron ante el Constitucional demandas de amparo y Conde-Pumpido se abstuvo.
Renuncia y relevo
El fiscal general del Estado presentaba el pasado lunes su dimisión al Gobierno. García Ortiz remitió una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que solicitaba al Consejo de Ministros que acordara su cese en lo que entiende como “un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”.
En la misiva, a la que tuvo acceso ElPlural.com, el fiscal general dejaba patente su convencimiento de haber dejado el puesto en “profundo respeto a las resoluciones judiciales” después de la condena interpuesta por el Supremo -inhabilitación y multa- tras el juicio por la posible filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía sus delitos fiscales.
Le sustituirá en el puesto Teresa Peramato. Con 35 años de trayectoria en la carrera fiscal, actualmente desempeña el cargo de fiscal de la Sala Jefa de la Sección Penal en la Fiscalía del Supremo y actúa a su vez como fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
La carrera de Peramato está muy vinculada a la lucha contra la violencia de género. De hecho, está considerada como una de las principales impulsoras de esta especialidad. De ese modo, en 2005 asumió la responsabilidad de fiscal delegada en la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid; y formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, participando en la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio publicado en 2007. Asimismo, ocupó el puesto de Fiscal de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer.
Una condena que no se entiende
La condena contra García Ortiz resulta difícil de comprender incluso en los círculos del mundo judicial. Así las cosas, a la noticia reaccionaron rostros tan reconocidos como como Baltasar Garzón; la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell; la propia Delgado o el ex magistrado del Constitucional y profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías.
Este último concedió una entrevista a este periódico a tenor de la actualidad en la que dejaba claro que la decisión del Alto Tribunal era “más política que jurídica” y obedece a unos “intereses”. “Es una barbaridad (…) Evidentemente -algunas veces la Justicia juega con las cartas marcadas-”, decía. Asimismo, esta persona, tras una vida dedicada a ella, lamentaba lo complicado que resulta a veces confiar en los procesos judiciales.
“Nos piden que comulguemos con ruedas de molino, que confiemos al mismo tiempo que publican una sentencia sin argumentación, que apoya persecuciones políticas y que se niegan a aplicar la ley (…) Hay una parte del país que queremos creer y tenemos a los propios jueces haciendo todo lo posible porque no lo hagamos”, lamentaba.
En lo referente a un posible recurso ante el TC, era muy esclarecedor: “Si -el fiscal- recurre y todavía hay mayoría progresista no tengo ninguna duda de que van a anular la decisión del Supremo, y si hay mayoría conservadora no tengo ninguna duda de que la van a mantener”.
