Para el Partido Popular el asunto de la violencia contra la mujer siempre ha sido un problema incómodo. Con Ana Mato volvió a hablarse en alguna ocasión, incluso, de conceptos como 'violencia en el hogar' y otros que tapaban lo que no es sino violencia machista contra la mujer. La relación con la Fiscalía de Sala del Supremo que llevaba este asunto no fue siempre, en ese sentido, fácil.

La fiscal general apuesta por una conservadora y religiosa compañera de promoción
El fallecimiento de la mujer que durante 10 años ocupó ese puesto, Soledad Cazorla, y que supo dar un giro a cómo se veía el asunto tanto en la sociedad civil como en la política, ha abierto un hueco que está sacando a la luz esa 'incomodidad' del PP para con este asunto. El Gobierno intenta ahora, a través del nombramiento de la sustituta de Cazorla 'domesticar' la Fiscalía de Sala de violencia contra la mujer poniendo a una fiscal conocida por sus posiciones conservadoras y religiosas.



Nos referimos a María Ángeles Montes, mujer que fue de absoluta confianza de Jesús Cardenal, el fiscal general de cabecera de José María Aznar, y que es de la misma promoción y amiga de la actual fiscal general, Consuelo Madrigal. A ambas, Montes y Madrigal, les une también, como decimos, que son muy conservadoras y muy religiosas. Montes, que había sido fiscal general en el País Vasco, ocupa actualmente una de las fiscalías superiores en esa misma comunidad.

Reacción de las organizaciones sociales y de mujeres en apoyo por la continuidad de políticas
Este posible nombramiento ha preocupado y mucho entre asociaciones de mujeres y otras sociales que trabajan en este asunto, y que temen que se produzca un peligroso retroceso en el avance que se había producido durante los 10 años en los que la plaza la ocupó Soledad Cazorla. Un temor que ha llevado a que ocho de estas ONGs hayan enviado un escrito a la actual fiscal general.

En su escrito estos grupos (en los que se incluye desde la presitigiosa asociación Themis, formada por mujeres juristas, hasta los sindicatos UGT y CC.OO. u otros como la Comisión para Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, o la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas), apoyan el nombramiento de quien fue durante todo este tiempo la número dos de Soledad Cazorla, Teresa Peramato.

Necesaria experiencia y conocimiento del asunto
Consideran estas asociaciones que entre todos los candidatos al puesto (hay cinco, aunque todo indica que la apuesta de PP y Gobierno se circunscribe a Montes) Peramato, por su experiencia junto a Cazorla, es la única que acumula la experiencia y solvencia necesarias para un asunto en el que formación y conocimiento resultan vitales y asegura la continuidad de una labor que había puesto el asunto en primer plano de la preocupación social y política.

La misiva de estas ocho organizaciones, que como decimos se ha enviado ya a la fiscal general del Estado, Madrigal, va a ser también remitida a los otros agentes involucrados en el asunto, como son la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el ministerio de Justicia, así como a otros agentes políticos, sociales y judiciales para que se sumen a su presión en asegurar la continuidad en el trabajo que llevó a cabo durante los últimos diez años Cazorla.