Un correo electrónico con fecha 21 de enero de 2015, incluido en una pieza separada secreta del denominado como caso Montoro, confirma el intercambio de informes entre altos cargos del Ministerio de Hacienda de aquella época y el Partido Popular de entonces que reveló en su declaración en Kitchen el inspector de Policía Manuel Morocho.
El mensaje dice de manera literal: “Te copio el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) de febrero de 2014, que es al que te habían hecho referencia, disponía de él el partido, y no nos lo ha facilitado”.
El mail fue enviado por el entonces jefe de Gabinete del que fuera ministro, Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico, quien aportaba al responsable de Hacienda “información para la comida”.
Más concretamente, Martínez Rico explicaba a Montoro en una “nota resumen (AEAT e IGAE)” que solo la Agencia Tributaria había detectado “elementos relevantes” y que, “con toda probabilidad, va a considerar la existencia de delito fiscal en Unifica -aludiendo a la empresa- por Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2007”.
El texto sostiene que “la facturación por Unifica al Partido, por sí misma, determina cuota de delito”, atendiendo a que “el importe es superior -es decir, superior al derivado del importe defraudado por las obras del Partido), por facturación emitida por Unifica a Aenor ese mismo año, y abonada en ‘b”.
“Aplicando la ‘doctrina Castro’, el Partido sería considerado colaborador necesario de delito (es decir, no se le imputaría responsabilidad civil, como a la ministra Mato, sino que entraría en pleno proceso penal como colaborador necesario”, apostilla el documento.
En su declaración en el juicio, el inspector de Policía lamentó que los informes policiales de la llamada caja b, que contenía la contabilidad en negro del PP, estaban “dando vuelta por lugares” en los que no tenía que estar, dado que el carácter de los mismos era “secreto” y se dirigían al juez Pablo Ruz. Por esta razón, Morocho señaló que un informe “no tiene que estar en la DAO ni en ninguna formación política”.
La declaración del inspector Morocho
En el juicio por la trama Kitchen, en el que declaró en calidad de testigo, el inspector de la Policía recordó que el juez Ruz llegó a acordar “un requerimiento y subsidiariamente un registro en la sede del PP” en diciembre de 2013.
Esto, después de que la formación conservadora presentara un escrito en Fiscalía Anticorrupción “aportando documentos que tenía que haber aportado antes porque se le había requerido en julio”. El togado Ruz consideraba que ese mismo escrito “se dedica a evaluar y desvalorar, mejor dicho, un informe nuestro que no tenía por qué tener, porque no estaba personado en la causa, y también uno de la Agencia Tributaria”, en alusión a otro informe más.
Estas respuestas llegaron a preguntas de la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, mientras que a cuestiones planteadas por uno de los letrados de Podemos en el juicio, Jaime Montero Román, Morocho reiteró al tribunal que el propio Ruz había sido “muy claro” en un auto de diciembre de 2013. Había “un conocimiento por parte de la representación del Partido Popular del contenido de los informes de la Agencia Tributaria y de la Policía”, detalló; dado que criticaba el contenido y lo ponían “en un papel”.
En aquella resolución, Ruz dijo que el PP había enviado ese año a la Fiscalía Anticorrupción un documento que contenía “una referencia al resultado de las funciones que, en calidad de auxilio judicial, vienen encomendadas en la presente pieza separada a funcionarios de la Agencia Tributaria”.
Más detalladamente, se ejecutaba un “análisis detallado del informe de la UDEF de fecha 21 de noviembre de 2013 y presupone el conocimiento del Informe de la Agencia Tributaria (AEAT) de 25 de septiembre de 2013 -por cuanto niega la certeza de lo que en este último informe se afirmara-, informes cuyo conocimiento debiera quedar reservados a las partes personadas en las actuaciones durante la presente fase de instrucción”.
Entrega de información sobre la caja b
La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negó en el juicio por la trama Kitchen que desde el departamento de Hacienda le facilitaran información tributaria de Luis Bárcenas, quien fuera tesorero del partido.
Con ello, desconocía conocer el contenido de otro correo electrónico -de 2 de febrero de 2015- que contiene la pieza separada del caso Montoro, en el que Martínez Rico informó a su jefe de que había entregado información sobre el caso “al gabinete de la VP”.
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