El fiscal suizo Yves Bertossa ha archivado la investigación sobre la Fundación Lucum y en la que mantenía como investigados tanto a la examiga de Juan Carlos I Corinna Larsen como a los testaferros del propio rey Emérito, Arturo Fasana y Dante Canonica. Tras la clausura decretada por el magistrado helvético, la empresaria germana ha emitido un comunicado mediante el cual ha avisado de que “los infractores permanecen impunes”.
En la misiva emitida por el entorno de Larsen, celebran que ha sido “exonerada de toda mi responsabilidad” en la investigación que llevaba a cabo la Justicia suiza durante tres años. “Mi inocencia era evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles”, ha denunciado.
Corinna Larsen sentencia que, mientras tanto, “los infractores no han sido investigados”. Además, se les ha dado tiempo “para ocultar sus actividades”. “Permanecen impunes”, continúa la empresaria a través de su escueto y enigmático comunicado.
El archivo de la causa
Tal y como adelanta OkDiario, y ha confirmado en fuentes jurídicas, el fiscal del cantón de Ginebra ha decidido cerrar el caso, y por lo tanto exonera a todos los investigados, incluida Larsen, persona a la que el exmonarca habría donado con posterioridad --en 2012 - esa misma cantidad. Cabe recordar que en esta causa no constaba como investigado el rey emérito.
El fiscal Bertossa investigaba a los encausados por un presunto delito de blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares. El motivo era la falta de transparencia sobre esa donación de 65 millones de euros.
Los motivos
El MInisterio Público explica que se abrió un proceso penal en agosto del año 2018 por “blanqueo de capitales agravado tras la publicación de artículos de prensa en los que se relataba que el ex Rey de España Juan Carlos I habría recibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas”.
“Se dijo que estos sobornos se habían ocultado parcialmente en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios testaferros. Se sospechaba que estas comisiones estaban vinculadas a la celebración de un contrato por parte de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conectaba Medina con La Meca”, expone el comunicado.
La Fiscalía dice que la investigación “estableció que Juan Carlos I había recibido efectivamente el 8 de agosto de 2008, a cuenta de la fundación Lucum abierta con MIRABAUD & CIE SA en Ginebra, la suma de USD 100 millones del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudita”. Asimismo, dio por probado que “el procedimiento también reveló otros pagos recibidos por la mencionada o Corinna Larsen”. Y en junio de 2012 se cerró la cuenta de la fundación LUCUM y se traspasó su saldo, aproximadamente los 65 millones de euros, a la cuenta en las Bahamas de una sociedad domiciliaria propiedad de Corinna.
