El Tribunal Constitucional da, este martes, un paso más para cerrar definitivamente las heridas del procés -por lo menos las judiciales-. El organismo garante de la Carta Magna celebra el Pleno en que se avalará la amnistía de la malversación para los líderes independentistas, paso que el Tribunal Supremo ha intentado de evitar hasta el último momento. Los magistrados se reúnen para debatir, concretamente, la aplicación de la medida de gracia al exconsejero y actual secretario general de Junts, Jordi Turull, y a la exconsejera de Esquerra Dolors Bassa.
Las dos ponencias, la referida a Turull elaborada por un magistrado conservador, José María Macías, y otra por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, son partidarias de aplicarles la amnistía, que posteriormente será ampliable a todos los afectados, incluido Carles Puigdemont. Las dos ponencias son favorables y, sobre todo la del presidente, critican la posición asumida por el Supremo para evitar que se aplicase en su totalidad la amnistía, pretensión del juez Pablo Llarena; aunque no todos los integrantes del Alto Tribunal tienen la misma perspectiva sobre su aplicación.
La ponencia del juez Macías, quien encabezaba la lista de recursos de los líderes independentistas, es favorable a amnistiar la malversación; si bien es conocido que está fue elaborada contra su propia opinión. Es por ello por lo que el magistrado elaborará un voto particular que se incluirá en la sentencia definitiva y el Pleno del Constitucional elegirá la ponencia de su presidente para fijar doctrina, que beneficiará a Turull y Bassa, pero también a Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Lluís Puig y Toni Comín.
Las dos ponencias
A lo largo de estos últimos días, se han conocido los borradores de sendas ponencias, ambas favorables a amnistiar la malversación, aunque con diferencias en su redacción. Por un lado, la correspondiente a Turull, a cargo del magistrado Macías, contrario en la práctica a la aplicación de la medida de gracia; y, por el otro la de Bassa, redactada por el presidente Conde-Pumpido, del sector progresista y defensor de aplicar la amnistía en su totalidad, acatando el mandato del legislador.
En esta última ponencia es en la que se incluyen unas críticas más claras a la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación por incurrir en motivos de excepción como un enriquecimiento personal de carácter patrimonial y afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el proceso que llevó al referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Constitucional.
Conde-Pumpido señala que el Alto Tribunal realizó una "interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad" de la ley de amnistía, a la vez que hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en su sentencia del pasado julio, con la que avaló la amnistía, que "no puede apreciarse que los intereses financieros" comunitarios "se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica".
“Las resoluciones que no han perdonado la malversación han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables", expone el máximo cargo del Alto Tribunal. “Además, al apartarse de la finalidad de la ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía", añade.
El presidente del TC señala que el Supremo excedió los límites al "expulsar" del ámbito de aplicación de la ley "supuestos de malversación que están comprendidos en su tenor literal y que son idóneos para realizar su fin último de pacificación del conflicto social e institucional generado por el proceso secesionista en Cataluña". De ahí considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la exconsejera y subraya que, en los hechos por los que fue condenada, concurren los presupuestos que determinarían su encaje dentro de la amnistía.
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