Tribunales

La condena al fiscal general cumple un año con Moncloa estudiando su posible indulto

Álvaro García Ortiz mantiene abierto el proceso por las costas, mientras el exnovio de Ayuso sigue sin fecha para el juicio que dio origen a todo

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el juicio en el Tribunal Supremo. Archivo EP
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el juicio en el Tribunal Supremo. Archivo EP

A poco más de una semana de las elecciones generales, este viernes se cumple un año de uno de los hitos que marcó la legislatura de Pedro Sánchez. El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo anunció la condena a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por la filtración de datos reservados en el caso de Alberto González Amador, cuando este era la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno mantiene abierta la pugna por una de las causas que alimentó el discurso de la operación judicial -el lawfare- contra el Partido Socialista, y deja abierta la puerta a su indulto antes del 29 de noviembre.

Poco después de convocar las elecciones, cuando Sánchez abordaba las posibles cuestiones que aprobaría el Ejecutivo antes de que se celebren, el presidente del Gobierno dijo que “no descarta” anular la pena de García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, y a pagar 7.200 euros de multa, 10.000 de indemnización a la ahora expareja de la presidenta madrileña; además de las costas procesales, que siguen siendo objeto de disputa con el Supremo.

Los jueces, por cinco votos a dos, atribuyeron a García Ortiz la responsabilidad tanto de la filtración del correo electrónico en el que el abogado de González Amador admitía que “ciertamente se han cometido dos delitos fiscales” a la Cadena SER, en marzo de 2024; como de la nota de prensa difundida por la Fiscalía al día siguiente.

La condena no tuvo en cuenta todos los testimonios de los periodistas citados -de medios como la SER, El País, Eldiario.es, o El Plural-  que dijeron ante el Supremo, bajo obligación de decir verdad, que la información que publicaron no procedía de la Fiscalía General. También contó con el voto particular discordante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que defendían que García Ortiz debía ser absuelto por falta de pruebas.

El expediente del indulto lleva abierto desde enero

Sin embargo, el resto de jueces de la Sala Segunda -de lo Penal- del Supremo optaron por una resolución que el Gobierno rechazó de plano desde que se conoció; solo una semana después de dejar el juicio visto para sentencia y 26 días antes de publicarse el texto completo. Fue el 20 de noviembre, pero de 2025, y Moncloa dijo entonces que “respeta el fallo, pero no lo comparte”. A estas palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, se sumó poco después Sánchez, que reiteró que confiaba en la inocencia de García Ortiz.

Un año después, su indulto sigue siendo una incógnita. Cuatro días después de convocar las elecciones, el presidente abrió la puerta a aprobarlo antes de que se celebren, y Bolaños añadió que su departamento tenía el expediente sobre la mesa. Las fuentes de Moncloa y de Justicia consultadas por El Plural no dan detalles sobre su estado.

“Está sobre la mesa, estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuándo lo hacemos”, reiteró Sánchez en Espejo Público. Lo cierto es que el expediente lleva abierto desde enero de este año. El área de Bolaños lo estudia a raíz de las peticiones que hicieron varios particulares cuando se conoció la sentencia. Desde entonces, la Fiscalía se pronunció a favor del indulto parcial de la pena de inhabilitación, argumentando la ausencia de beneficio económico personal de García Ortiz, el impacto profesional y reputacional de la condena y que el exfiscal había renunciado a su cargo. El Supremo, por su parte, informó en contra en junio.

El TC no se pronuncia y el exfiscal sigue recurriendo las costas

Lo cierto es que el Gobierno puede conceder un indulto parcial a García Ortiz sin esperar a que se pronuncie el Supremo, pues el informe desfavorable de quien sentencia no lo impide, según la Ley del Indulto. Esta norma de 1870 impide, en cambio, el indulto total si no está de acuerdo el tribunal condenatorio, algo que se mantuvo en la reforma que se hizo a su artículo 11 más de un siglo después.

La otra opción para anular la condena al completo es que lo avale el Tribunal Constitucional, que estudia los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado desde abril de este año. Estos plantean posibles vulneraciones de la presunción de inocencia de García Ortiz durante el proceso, e invocan el derecho de defensa y el principio de legalidad penal. Sin embargo, el órgano de garantías no ha fijado fecha para estudiarlos, y no se espera que lo haga antes del 29 de noviembre.

De esta forma, el indulto parcial sigue siendo la única opción para Moncloa, a tenor de que el exfiscal ya ha pagado la multa y la indemnización y se podría centrar en la pena de inhabilitación que es la única que queda por cumplir.

Mientras, García Ortiz mantiene abierta su pelea para reducir las costas judiciales que debe abonar. El abogado del exnovio de Ayuso tasó sus honorarios en más de 78.000 euros, que sumados a los de la procuradora rozaban los 80.000. La Abogacía del Estado y la Fiscalía recurrieron, y el Supremo redujo la petición en junio hasta 39.000 euros. Tras ratificarse la Sala este mes de noviembre, la defensa de García Ortiz ha vuelto a recurrir, pidiendo de nuevo reducir las costas a 4.240 euros.

El exnovio de Ayuso sigue sin fecha para su juicio

En contraste, un año después de la condena al exfiscal por la revelación de datos personales de González Amador, cuando se conoció que tenía una causa abierta con Hacienda por dos presuntos delitos fiscales; aún no se ha celebrado el juicio por esta cuestión.

El ahora exnovio de Ayuso tiene pendiente el procedimiento oral desde septiembre de 2025, dos meses antes de la condena a García Ortiz. La jueza le procesó por dos delitos contra la Hacienda pública en los ejercicios 2020 y 2021, además de falsedad documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. En julio de este año, se ordenó fijar fecha para el juicio, pero aún no se ha hecho, supuestamente, por la saturación del juzgado.

Cabe recordar que la causa contra el exfiscal se abrió cuando la Fiscalía respondió al bulo difundido por El Mundo, impulsado desde el Gobierno de Ayuso por Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de la presidenta regional trató de trasladar a la opinión pública que fue la Agencia Tributaria la que ofreció un acuerdo de conformidad a González Amador, y no al revés, como demostró el correo que se difundió y que dio origen al procedimiento.

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