El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha puesto el foco en uno de los problemas que explican la política española actual y pasa por la exportación de los enfrentamientos entre partidos al ámbito judicial. En una entrevista concedida al diario El País este domingo, el magistrado denuncia la judicialización de la vida pública e incluso cuestiona el sistema procesal al permitir que formaciones políticas y organizaciones intervengan directamente en causas penales. Sus palabras se encuadran en el marco de la enésima ofensiva del Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la precampaña electoral como escenario principal y la herramienta de las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.
Pumpido establece, sin embargo, una distinción que considera fundamental. Niega la existencia de lawfare en España, descrito como una utilización sistemática de la Justicia para perseguir a adversarios políticos. Sí reconoce, en cambio, un problema estructural que allana esta judicialización de las controversias públicas. “Lo que tenemos es un problema de arquitectura procesal que no existe en ningún otro país europeo”, explica el magistrado en la entrevista, sin señalar a una formación política concreta ni cuestionar la independencia de los jueces. Lo que sí hace el presidente del Constitucional es indicar las posibilidades que ofrece la legislación para trasladar el conflicto político a los tribunales.
Su reflexión coincide con la estrategia judicial del Partido Popular. El pasado 6 de octubre, los conservadores solicitaron a la Audiencia Nacional que investigara al PSOE como persona jurídica en el marco del caso Leire, por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación. La formación con sede en Génova asume la acusación popular en una causa que investiga una presunta trama destinada a entorpecer procedimientos judiciales que afectaban a los socialistas y, en paralelo, al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El juez denegó, por ahora, la petición. El pasado viernes, Santiago Pedraz rechazó imputar al Partido Socialista al entender que todavía no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a la formación. El instructor entiende que es preciso continuar las diligencias para determinar si existe una conexión entre los hechos investigados y la organización socialista. La decisión no implica el archivo de la causa. Tampoco descarta futuras actuaciones, pero frena – por el momento – la pretensión de los conservadores de incorporar al PSOE como investigado coincidiendo con el arranque de la precampaña electoral.
Los límites de la acusación popular
El debate que plantea Conde-Pumpido se erige sobre la acusación popular, una figura constitucionalmente reconocida en su artículo 125 que permite intervenir en determinados procedimientos penales sin necesidad de haber sufrido directamente el delito que se investiga. Concebida como herramienta de participación ciudadana en la Administración de Justicia, su uso por partidos y organizaciones ideológicas ha generado controversias sobre sus limitaciones y consecuencias de una posible instrumentalización.
El PP no es el único partido que ha recurrido a dicho mecanismo. También el PSOE ha ejercido el papel de acusación popular en distintas causas, mientras que entidades ultra como Manos Limpias y Hazte Oír han jugado idéntica carta en procedimientos relacionados con el entorno de Pedro Sánchez. Entre ellos, destaca la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, iniciada a raíz de una denuncia del primer colectivo citado.
El ejercicio de dicha herramienta es legal y puede arrojar luz sobre posibles delitos, incluidos los relacionados con la corrupción. La cuestión estriba en su utilización como confrontación partidista, que permite que las investigaciones adquieran una enorme repercusión pública antes incluso de la existencia de una resolución sobre los hechos denunciados. El magistrado del Tribunal Constitucional advierte precisamente sobre esos juicios paralelos y las consecuencias que atañen a la reputación de los investigados, incluso cuando éstos terminan con el archivo de la causa.
Tal discusión incluso llegó al Consejo de Ministros en octubre de 2025, cuando el Gobierno aprobó un proyecto de nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que contemplaba una reforma de esta herramienta. La propuesta planteaba la exclusión de partidos políticos, sindicatos y entidades públicas del ejercicio de esta figura, además de limitar su uso a determinados delitos de interés colectivo, entre los cuales destacan los relacionados con la corrupción y la financiación ilegal de partidos políticos.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió entonces la necesidad de evitar el uso abusivo de la acusación popular, mientras los detractores de la reforma advertían de que podía dificultar la persecución de determinadas irregularidades. El proyecto no llegó a aprobarse antes de la disolución de las Cortes, pues el adelanto electoral ha interrumpido esta y otras tantas iniciativas que ya estaban en la senda parlamentaria o camino de ella.
La amnistía
La actividad en el Tribunal Constitucional se ha incrementado durante esta semana, especialmente cuando el pasado 6 de octubre estimaron el recurso de amparo de la exconsellera catalana Dolors Bassa. La corte de garantías corrigió la interpretación del Tribunal Supremo, que había impedido la aplicación de la ley de amnistía por el delito de malversación vinculado al procés separatista de 2017. La sentencia, aprobada por siete votos frente a cinco, fija una doctrina con consecuencias para el expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.
El Supremo interpretó que el empleo de fondos públicos para financiar el proceso independentista podía quedar excluido de la amnistía por el beneficio patrimonial derivado de no sufragar dichas actuaciones con dinero propio. El Constitucional, por el contrario, estimó que la excepción debe reservarse a los supuestos en los que se desviaron recursos para obtener un enriquecimiento particular. La resolución, por tanto, obliga a revisar la aplicación de la norma conforme a esta interpretación, pese a que las decisiones procesales correspondientes siguen siendo competencia del Supremo.
El fallo ha reavivado las críticas del PP al Constitucional y a su presidente. Los populares han cuestionado reiteradamente la independencia del órgano, cuya mayoría es considerada progresista, especialmente a raíz de sus resoluciones sobre la amnistía. Conde-Pumpido rechaza esas acusaciones y defiende que las discrepancias jurídicas no pueden interpretarse automáticamente como una falta de independencia. En su entrevista recuerda que el tribunal ha dictado más de 600 sentencias durante su presidencia y que la mayoría se aprobaron por unanimidad.
El magistrado evita alimentar un enfrentamiento institucional con el Supremo. Considera que sus integrantes actuaron conforme a su propio criterio jurídico y defiende que la función del Constitucional consiste en corregir aquellas interpretaciones que vulneren derechos fundamentales. Los cinco magistrados discrepantes, por su parte, sostienen que la mayoría ha sobrepasado sus competencias al ordenar expresamente que se declare amnistiado el delito de malversación. Una controversia jurídica que tiene consecuencias políticas, pero que no demuestra por sí misma una actuación partidista de los tribunales.
Bloqueo al Constitucional
La relación entre los populares y el Constitucional está marcada también por la renovación pendiente de cuatro de sus doce magistrados, incluido Conde-Pumpido, cuyo mandato expiró en diciembre de 2025. Durante los últimos meses, el Senado, donde el PP disponía de mayoría absoluta, fue aplazando los trámites para sustituirlos. La convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes el pasado 6 de octubre han añadido un nuevo elemento de incertidumbre a un procedimiento que acumulaba meses de retraso.
La elección corresponde a la Cámara Alta y exige una mayoría de tres quintos, por lo que los populares no podían completar unilateralmente la renovación. La composición del Senado que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre determinará las condiciones de una negociación que seguirá necesitando acuerdos parlamentarios. Hasta entonces, los cuatro magistrados afectados continuarán desempeñando sus funciones conforme a la legislación vigente, pese a haber agotado el periodo para el que fueron designados.
Conde-Pumpido ha reclamado que se complete la renovación y ha expresado su intención de retirarse cuando termine su etapa al frente del tribunal. La situación recuerda, aunque con diferencias institucionales, al prolongado bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que permaneció casi seis años con el mandato caducado antes de su renovación en 2024.
Los sucesivos aplazamientos han prolongado una composición que debería haberse renovado hace casi diez meses. El resultado es un Constitucional que continúa resolviendo algunos de los asuntos más sensibles del país mientras sigue pendiente la sustitución de un tercio de sus integrantes. La renovación también puede tener consecuencias sobre el equilibrio interno del órgano, aunque su resultado dependerá de los acuerdos que alcance la nueva Cámara.
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