El 26 de enero de 2016 la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) reventaba la investigación del caso Taula. Una de sus pesquisas era la relativa al presunto 'dopaje' electoral que desde el PP municipal de Valencia llevaban perpetrado campaña electoral tras campaña electoral. De hecho, según la Fiscalía Anticorrupción, y el representante de la UCO que ha declarado, en las municipales 2007 se gastaron en la citada cita electoral casi 3 millones de euros, 20 veces más de lo declarado al Tribunal de Cuentas. Un dinero que principalmente provendría de empresas 'amigas' y contratistas municipales y que se canalizaba a través de una empresa de comunicación de un amigo del entonces vicealcalde Alfonso Grau. Este martes, ocho años después, las manos derechas de Rita Barberá se sientan en el banquillo. El otro momento grandioso ha sido cuando otro agente no ha dudado a la hora de explicar como se encontraron sobre con dinero en casa la 'cajera' García-Fuster.
Al exvicealcalde Grau, se le imputa un presunto delito continuado de malversación y un delito continuado de cohecho por el que le solicitan nueve años de prisión; a la secretaria del grupo, más conocida como la cajera del PP, Mari Carmen García-Fuster de un delito continuado de cohecho un año de cárcel; y al exconcejal Eduardo Santón y a José Salinas de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau de un delito continuado de malversación cinco años de prisión.
El juicio ha comenzado con el fiscal Fernando Maldonado renunciando a varios testigo y agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la parte conocida como del pitufeo que fue archivada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en un auto más que polémico firmado por el presidente de esa sala, Pedro Castellano. En cuanto a las defensas, todas ha defendido una posible prescripción de los delitos a lo que el fiscal se ha opuesto, y el presidente de la sala ha contestado que ya decidirán en sentencia sobre ese extremo.
Tras las cuestiones previas, ha sido el turno de los primeros testigos, en este caso los agentes de la UCO que investigaron este caso. El primero ha sido el instructor policial de las diligencias quien no ha dudado en afirmar: “Se hicieron ingresos en efectivo de empresas para la campaña. Se comprobó que en muchos de los casos se había producido ese ingreso. Laterne tuvo que contratar a terceros para poder realizar los trabajos de la campaña del PP. Era difícil medir el importe exacto pero habría superado los 2 millones de euros, pero de todas formas, eran importes superiores a los 150.000 euros que declararon”. El agente ha proseguido narrando que “aparecen unos contratos presuntamente amañados entre el dueño de Laterne y Grau. Aunque el contrato no estaba firmado sí que se hicieron los trabajos que se especificaban en el mismo”, puesto que desde la UCO lo comprobaron.
“Laterne eran varias empresas. Los ingresos que se detectaron eran de distinta tipología y se verificó que estaban en la cuenta bancaria. Cuando se trata de identificar de dónde viene el dinero aparecen empresas y fundaciones. En muchos casos no se aportó documentación por el tiempo transcurrido y en otras sí”, ha proseguido.
El éxito electoral de Barberá
La empresa Laterne Product Council (LPC) fue la que organizó la campaña del PP valenciano, que jugó con ventaja frente al PSPV que lideraba en 2007 Carmen Alborch. En aquellas elecciones, Rita Barberá, fallecida de un infarto, obtuvo el mejor resultado de los siete comicios en los que participó, entre 1991 y 2015. Barberá consiguió el 56,67% del electorado con 235.158 votos y 21 concejales de los 33 que forman el pleno del Ayuntamiento valenciano.
La documentación desvelada por Valencia Plaza afecta, sobre todo, al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que firmó el contrato con la empresa Laterne Product Council (LPC) como director de campaña; también, a la exsecretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster.
Los datos revelados incluyen los presuntos donantes al PP valenciano, que habrían financiado de manera ilegal, la campaña. Entre estas empresas, Secopsa, que presuntamente realizó dos entregas de dinero, de 225.000 y 150.000 euros; Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que primero entregó 300.000 euros y después otros 150.000; Rulv Valencia (UTE de Secopsa), 100.000 euros; el Grupo Rover Alcisa (60.000); Urbana Ducat (30.000); Nou Litoral (360.000); PKL Real State (30.000); Pavasal (dos entregas de 90.000 y 150.000 euros); Luján (20.600); Lubasa (200.000 y 150.000 euros); Edival (30.000 y 20.000); FCC (200.000), y Ágora Patrimonial (30.000). Dos filiales de Laterne, City Marketing Council (CMC) y Product Management Council (PMC), también transfirieron fondos: 178.000 euros y 620.000, respectivamente.
La mayoría de estos supuestos donantes del PP valenciano tenían contratos con el Ayuntamiento o se convirtieron en adjudicatarios tras las elecciones de 2007. El PP valenciano ocultó las sumas mencionadas y declaró sólo 150.000 euros, que se supone que fue el beneficio del grupo Laterne, del empresario Vicente Sáez Tormo, ya fallecido.
