El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un nuevo frente disciplinario contra el magistrado Juan Carlos Peinado, en esta ocasión por su papel en la causa sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. La queja, formulada por el diputado socialista Guillermo Hita, acusa al juez de haber incurrido en una clara “dejación de deberes” al no prorrogar en tiempo y forma la instrucción, pese a que así se lo habían solicitado con margen suficiente las acusaciones populares de Podemos y Más Madrid. Esa falta de diligencia, tal y como apunta la Cadena Ser, terminó provocando que el procedimiento caducara y se archivara, un desenlace que en la práctica favoreció al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, que se vio liberado de una investigación incómoda por un presunto sobrecoste en contratos públicos.
La causa de la EMT y el papel del juez
El procedimiento se abrió para investigar un supuesto sobreprecio en la contratación de Okdiario para organizar un acto de la EMT. La ley fija en un año el plazo de instrucción, prorrogable si existen motivos. Ese periodo vencía en enero de 2024. Antes de que se cumpliese, las acusaciones populares reclamaron formalmente que se ampliara el tiempo seis meses más y que se dictasen nuevas diligencias.
Lejos de resolver en plazo, el juez Peinado esperó hasta el 1 de abril para dictar una providencia en la que acordaba parte de esas diligencias y, al día siguiente, prorrogó la investigación. Para entonces, el plazo legal ya había vencido.
Las defensas recurrieron el movimiento y la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón: la decisión de Peinado era nula de pleno derecho porque había sido tomada fuera de tiempo. En consecuencia, el magistrado no tuvo más opción que archivar el caso pocas semanas después, dejando sin aclarar la eventual responsabilidad del Gobierno municipal en la contratación de servicios con sobrecoste.
La queja del PSOE y la apertura de diligencias
El diputado socialista Guillermo Hita presentó una queja formal a través de la unidad de atención ciudadana del CGPJ. En ella, subrayó que la falta de reacción del magistrado había supuesto que el procedimiento quedara “inconcluso por no haberse acordado la prórroga en el momento que correspondía”.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha decidido incoar diligencias informativas, el trámite habitual en estos casos. Este proceso abre la puerta a que el juez presente sus alegaciones y defienda su actuación. Posteriormente, Conde deberá resolver si procede abrir un expediente sancionador —lo que no implica necesariamente la imposición de una sanción, pero sí un proceso más profundo de investigación— o si opta directamente por archivar el caso.
El interrogatorio a Bolaños, otro frente abierto de Peinado
Esta no es la primera vez que el CGPJ pone la lupa sobre Peinado. Hace apenas unos días, el mismo promotor abrió otro expediente por el interrogatorio al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que acudió como testigo en otra de sus causas.
El propio ministro presentó una queja al considerar que el tono y las preguntas del magistrado fueron improcedentes. El órgano disciplinario aceptó revisarlo, lo que ya situó a Peinado en el centro de un debate sobre los límites de la imparcialidad judicial y la independencia en los procedimientos.
La polémica citación a Begoña Gómez
Por si fuera poco, esta misma semana el magistrado volvió a situarse en el centro de la polémica al citar como investigadas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a una de sus asesoras, por un presunto delito de malversación relacionado con convenios y contratos de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una decisión especialmente llamativa porque fue el propio Peinado quien, hace apenas tres meses, había descartado la existencia de malversación en ese mismo procedimiento, limitando la investigación a posibles delitos de tráfico de influencias. La reapertura de esa vía penal, que hasta ahora estaba cerrada, ha sorprendido incluso a juristas que seguían de cerca el caso, al entender que supone un viraje radical en la instrucción.
El inesperado movimiento ha desencadenado una auténtica tormenta política y mediática. Desde el PSOE y sus socios parlamentarios se ha acusado al juez de actuar con un criterio “errático” y de dar pasos procesales que alimentan una campaña de acoso contra el Gobierno y su entorno más cercano. Varios portavoces socialistas han apuntado que “no es casual” que la imputación llegue en pleno clima de enfrentamiento institucional, y han advertido de que esta citación puede tener efectos directos en la estabilidad política.
Un magistrado rodeado de polémica
En apenas unos meses, Juan Carlos Peinado ha acumulado una serie de decisiones judiciales que han provocado una sucesión de reacciones críticas. Primero, por el modo en que interrogó a un ministro del Gobierno; después, por dejar morir un procedimiento que afectaba al Ayuntamiento de la capital; y ahora, por reactivar imputaciones contra la esposa del presidente del Gobierno que él mismo había descartado.
La apertura de diligencias informativas por parte del CGPJ coloca al magistrado en una situación delicada. Aunque todavía no hay una decisión definitiva, la acumulación de quejas y expedientes internos eleva la presión sobre su figura y genera dudas sobre la validez de algunas de sus resoluciones más mediáticas.