El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece abocado a un nuevo bloqueo. Tras estar más de cinco años en stand by por el rechazo del PP a su renovación, ahora el órgano se enfrenta a una nueva parálisis, ya que conservadores y progresistas son incapaces de ponerse de acuerdo para escoger a su presidente.
La distancia entre los 20 nuevos vocales ha resultado insalvable hasta el momento y, después de volver a fracasar el pasado lunes, las partes se han dado de margen “las próximas semanas” para seguir con las negociaciones con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que empiece el año judicial 2024-2025, cuyo inicio queda fechado a 5 de septiembre. Entretanto, más de cien plazas de la cúpula judicial se encuentran pendientes de cubrir y, si nada cambia, todo seguirá igual en este sentido.
Es la tercera vez que los miembros del Consejo -diez de ellos nombrados a propuesta del PSOE y la otra mitad a propuesta del PP- se reúnen para intentar elegir a la máxima autoridad del organismo judicial. Lo hicieron el pasado lunes, pero, tal y como se esperaba, el encuentro terminó sin consenso después de tres horas de reunión. Por ello, se acordó suspender las conversaciones, que continuarán previsiblemente en los próximos días.
El bloque conservador, en contra de que una mujer progresista lidere el CGPJ
El bloqueo llega en un momento en el que el sector progresista insiste en que ya va tocando que una mujer de corte progresista lidere la institución, algo a lo que los conservadores se niegan. Mientras tanto, los nombres que ponen sobre la mesa los vocales que propuso el PSOE son Pilar Teso y Ana Ferrer, magistradas a su vez del Tribunal Supremo.
Las opiniones de una y otra parte chocan frontalmente. De esta manera, los progresistas establecen que ninguna mujer ha ostentado la capitanía del Consejo en toda la democracia a pesar de que ellas representan más de la mitad de la carrera y su antigüedad es similar a la de los hombres. No obstante, el bloque conservador justifica que si realmente lo que se quiere es que sea una mujer la que lidere el órgano, el resto de vocales se pueden decidir por los rostros que ellos han planteado -el de Esperanza Córdoba o Carmen Lamela-. Asimismo, añaden que si la cuestión tiene que ver con un tema de representatividad, se puede hacer una consulta a toda la carrera.
En otro orden de cosas, los conservadores mantienen el respaldo a la candidatura de Pablo Lucas. Se trata de una persona que, si bien siempre ha estado encuadrada dentro del progresismo jurídico, los vocales propuestos por los socialistas lo rechazan porque, dicen, se ha salido de la senda progresista en sus últimas resoluciones y ha tenido actitudes críticas con el gobierno actual. Tampoco están de acuerdo los conservadores con la candidatura de Teso o de Ferrer, la primera por considerarla la preferido del Ejecutivo de coalición, y la segunda -de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia- sin motivo aparente.
La aventura del nuevo CGPJ ha arrancado con el incumplimiento de la primera normativa, que establece que la elección del presidente de este órgano se tiene que resolver en una reunión a celebrar en un plazo de “entre tres y siete días más tarde” de la sesión constitutiva. El plazo ya ha pasado, ya que el órgano se formó el pasado 25 de julio, por lo que han pasado más de diez días que, se espera, queden prolongados en el tiempo hasta septiembre mientras que ninguno de los bloques parece dispuesto a ceder y se culpan mutuamente de intentar “imponer” cada cual a sus candidatos.
¿Qué pasa con las vacantes sin cubrir?
Hay que destacar que el CGPJ acumula un gran número de vacantes desde el año 2021, fecha en la que el Congreso reformó la normativa para impedir que el Consejo pueda seguir llevando a cabo nombramientos discrecionales mientras se encuentra en funciones. Con el escenario actual, el CGPJ tendría que cubrir más de un centenar de plazas de la cúpula judicial entre las que se encuentran 28 vacantes en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 40 en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, 31 en las Audiencias Provinciales y 27 plazas de jurisdicción militar que siguen pendientes. En caso de que el bloque persista, cabe la posibilidad de que se activen igualmente los procesos para cubrir las vacantes de la cúpula judicial.
El próximo 19 de agosto hay una nueva reunión para dar rienda suelta, ante la tesitura del momento, a que el órgano judicial pueda aprobar asuntos “de urgencia” del día a día como por ejemplo las “prórrogas de licencias y enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria” o las “declaraciones de compatibilidad con actividad docente” y el “reconocimiento de trienios” sin la necesidad de que haya un presidente.