La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha comenzado este martes a examinar las propuestas del promotor de la Acción Disciplinaria de archivar cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, el polémico juez Juan Carlos Peinado, sin alcanzar ningún acuerdo. Las deliberaciones continuarán en los próximos días con un CGPJ que tiene a los vocales de ambos bandos, progresistas y conservadores, no solo a las gresca, sino directamente comenzando una 'guerra', pues unos apoyan el archivo, mientras que los otros quieren que se expediente al juez del caso Begoña.
Las quejas que ha estudiado el promotor de la Disciplinaria, Ricardo Conde, son cinco y fueron interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular.
Entre las quejas más polémicas, y que escenificó la fractura interna de los vocales, se encuentra la presentada por la defensa de Begoña Gómez por las afirmaciones vertidas por Peinado en el auto que le retiraba el pasaporte. El que el magistrado acordó medidas cautelares contra Gómez tras enviarla a juicio y justificó la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país sobre una hipótesis que ha provocado un terremoto institucional.
Y es que el instructor sugería, en el documento de 84 páginas, que los agentes que escoltan a la esposa del presidente del Gobierno podrían colaborar en una eventual fuga “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”. A su juicio, podrían facilitar una huida que impidiera que la acusada se personara quincenalmente ante la Justicia.
La frase desató un seísmo político de tal magnitud que, casi de inmediato, sindicatos policiales y el Ministerio del Interior salieron al quite. De hecho, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska puso en conocimiento del Poder Judicial su “más enérgica queja” ante el texto firmado por el juez Peinado.
De ahí, que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, convocara a los vocales del órgano para una reunión urgente de la Comisión permanente. Reunión que, como la de hoy, acabó sin acuerdo y se tuvo que repetir. Finalmente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial abrió la vía para poder expedientar disciplinariamente al juez, Juan Carlos Peinado, por cuatro votos a favor, pero fue necesario el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, y cuatro en contra, un hecho insólito hasta el momento.
Como ha sucedido hasta la fecha, los vocales nombrados por el Partido Popular, José Eduardo Martínez Mediavilla; José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera, está siendo los fieles escuderos de Peinado. Unos fieles escuderos que defienden a capa y espada a Peinado, pero que esconden la cabeza cual avestruz si la magistrada a la que hay que defender es, por ejemplo, la juez de la DANA, Nuria Ruíz Tobarra.
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