Bisturí a la sección 23 de la Audiencia de Madrid: la mano que guía a Peinado en el caso Begoña Gómez

La causa contra Begoña Gómez ya ha entrado en una nueva fase. Después de casi dos años de instrucción, el juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, contra su asistente Cristina Álvarez y contra el empresario Juan Carlos Barrabés. No exento de polémica. El magistrado sostiene su tesis y envía el procedimiento al tribunal del jurado, con una resolución que impone además medidas cautelares especialmente severas a Gómez, como la retirada del pasaporte, sustentada en una hipótesis que ha despertado indignación en los sindicatos policiales y en el Ministerio del Interior.

La causa, sin embargo, no se entiende sólo desde los juzgados de Plaza de Castilla. Durante todo el procedimiento ha habido un segundo actor decisivo: la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Un órgano que, por cuestiones de reparto, ha tutelado y revisado los recursos de apelación y queja presentados contra las decisiones del instructor. Su papel ha sido determinante, habida cuenta de que ha corregido al magistrado en una veintena de ocasiones y que aún mantiene al menos cinco recursos pendientes. Al mismo tiempo, ha permitido que el núcleo de la causa siguiera su curso hasta desembocar en el reciente auto de apertura de juicio oral.

Es ese equilibrio el que convierte a la sección 23 en un engranaje nuclear del procedimiento. La Audiencia ha frenado algunas de las decisiones más controvertidas de Peinado, anulando diligencias e incluso exigiendo motivación en según qué movimientos. También ha sacado del procedimiento líneas de investigación que Peinado trató de mantener abiertas. No obstante, también ha avalado tramos fundamentales de la instrucción, como mantener en calidad de investigadas tanto a Begoña Gómez como a su asistente, Cristina Álvarez, así como promover la circulación de la tesis de que pudo existir una utilización de medios públicos al servicio de intereses privados.

Entre avales y varapalos

La lista de resoluciones de la sección 23 esboza una instrucción sometida al control constante. El tribunal anuló el registro de la vivienda y las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés – tercer investigado en la causa - y dejó sin efecto el clonado de sus móviles, tabletas y ordenadores. Asimismo, paró los pies a Peinado en la providencia a través de la cual reclamaba correos de Gómez entre 2018 y 2025. Al margen de corregir la transformación prematura del procedimiento en causa ante jurado popular por la falta de motivación suficiente. También dejó fuera del sumario a nombres que el togado arrastró hacia el procedimiento, como el ex secretario general de Presidencia – actual delegado del Gobierno en Madrid -, Francisco Martín, al entender que su imputación se edificaba sobre meras suposiciones. La sala también ha excluido reiteradamente la línea relativa a Globalia-Air Europa, insistiendo en que las ayudas de la SEPI no debían investigarse en esta causa por falta de indicios.

En paralelo, sin embargo, la Audiencia obligó al juez a practicar diligencias solicitadas por la defensa de Gómez y anuló la creación de una pieza separada por malversación al considerarla prematura e inmotivada desde un prisma fáctico, normativo y procedimental. Es decir, no ha sido un simple sello de goma, pero tampoco un muro de contención a todos los excesos de Peinado en la instrucción. Y es que la misma sala ha mantenido con vida los elementos troncales del proceso, avalando que Gómez, Álvarez y Barrabés continuaran dentro del mismo. En algunos autos, además, fue guiando al magistrado sobre la posible relevancia penal de determinadas conductas; especialmente en lo relativo a la asistente de Gómez y el uso de medios públicos.

Una composición desigual

La sección 23 también está bajo la lupa por su composición. La sala, presidida por María del Rosario Esteban Meilán, cuenta con, entre otros togados, Enrique Jesús Berges de Ramón, Jesús Gómez-Angulo Rodríguez y José Sierra Fernández. Todos ellos, de tintes conservadores. El tono progresista lo pone la magistrada María Pilar Llop, exministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, quien comunicó, no obstante, su inhibición en el procedimiento en diciembre del pasado 2024.

El perfil de los magistrados ha alimentado el debate alrededor de una causa de enorme carga política. Tres de ellos —Berges, Gómez-Ángulo y Sierra— promovieron una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, al considerar que podía vulnerar el principio de igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la prohibición de arbitrariedad y, de forma subsidiaria, la exclusividad jurisdiccional.

En el caso de Jesús Gómez-Ángulo, destacan sus vínculos familiares con figuras relevantes del Partido Popular. Su hermano Juan Antonio Gómez-Angulo fue diputado del PP en la Asamblea de Madrid, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid y secretario de Estado de Deportes durante el Gobierno de José María Aznar. Su sobrina Paula Gómez-Angulo es concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid y concejala presidenta del distrito de Tetuán.

José Sierra Fernández, por su parte, tiene vínculos con el conocido caso Isadora, una investigación sobre supuestos abortos ilegales que terminó archivada después de que la Audiencia Provincial cuestionara la competencia del juzgado y reprochara la actuación de la Guardia Civil por buscar un juzgado favorable tras una primera negativa judicial.

En el caso de Enrique Jesús Berges, participó en resoluciones como la que estimó un recurso de Rodrigo Rato para evitar la investigación sobre los fondos de su hija en una pieza separada vinculada a su patrimonio. También se recuerda su decisión, cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, de imponer una fianza superior al millón de euros a dos periodistas a raíz de una querella de Jaime de Marichalar, aunque posteriormente la Justicia acabó dando la razón a la revista.

Fase decisiva

El auto de apertura de juicio oral coloca ahora el caso en otro escenario. Peinado envía a juicio a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. También sienta en el banquillo a Cristina Álvarez y a Juan Carlos Barrabés, aunque con distinta atribución delictiva.

La decisión de abrir juicio oral no puede recurrirse, pero sí las medidas cautelares impuestas a Gómez. Y ahí vuelve a aparecer la Audiencia Provincial de Madrid como instancia decisiva. La retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado serán combatidas por la defensa. Medidas no exentas de controversia al sujetarse sobre su hipótesis de un supuesto riesgo de fuga facilitado por los agentes policiales que la escoltan. Teoría que, por otro lado, ha escalado hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).