BBVA ha pedido a Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que investiga los supuestos encargos ilegales de la entidad al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, que archive el procedimiento para el banco porque los pagos al excomisario fueron legales. También ha pedido que no se prorrogue la instrucción otros seis meses al considerar que la misma "se encuentra agotada y debe terminar".
En un escrito presentado al juez el pasado lunes, la entidad financiera le solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que no convierta esta pieza separada del caso Tándem "en una causa general por tiempo indefinido que, por su propia permanencia y de forma completamente innecesaria, causa un evidente perjuicio a las defensas".
Y es que, a juicio del banco, "la investigación de unos muy concretos hechos presuntamente constitutivos de delitos de revelación de secretos y cohecho se ha transformado en una inquisición general de la vida y milagros de la entidad financiera durante los últimos 14 años". "Esta es la forma en la que esta causa ha alcanzado la dimensión de 26 tomos con casi 9.000 folios", sostiene la defensa del BBVA.
Además, lamentan que se haya "olvidado por completo la finalidad y los límites de la instrucción" en el "proceso penal, que debe limitarse a que se practiquen las diligencias mínimas necesarias para adoptar la decisión" que el juez estime oportuna.
Según BBVA, de las diligencias practicadas hasta la fecha ha quedado demostrado "que no hay conductas constitutivas de delito de revelación de secretos ni de cohecho que sean imputables" al banco "ni a ninguno de sus empleados".
En esta pieza separada de Tándem, la número 9, el juez indaga en los contratos del BBVA con Cenyt, el grupo empresarial propiedad de Villarejo, para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario jubilado más de 10 millones de euros.
La vigente prórroga de esta pieza caduca el próximo 29 de julio, aunque el juez previsiblemente prolongará unos meses la instrucción ante la nueva batería de diligencias que Anticorrupción solicitará y que el magistrado considera razonables.
Pagos legales
En su escrito, el banco asegura que "no entregó retribución alguna a ningún funcionario público sino a una entidad mercantil privada que ofertaba en el mercado sus servicios de análisis de información". "Cenyt era una mercantil que tenía su sede en unas oficinas en Torre Picasso y actuaba de manera transparente en el tráfico jurídico-mercantil como una empresa de actividad lícita y conocida por las autoridades competentes", añade.
Así, la entidad insiste en que "ningún empleado de BBVA podía creer que estaba cometiendo un delito por abonar las facturas de Cenyt, teniendo en cuenta que ninguno de los entregables de Cenyt encontrados en BBVA contiene datos que el lector pueda suponer de procedencia ilícita".
A este respecto, el banco se refiere a las declaraciones en sede judicial de los últimos meses de exdirectivos de la entidad como el que fuera jefe de Control Interno Eduardo Arbizu, el exjefe de Riesgos, Manuel Castro, el exresponsable de Jurídico, Eduardo Ortega o el responsable de Seguridad, Nazario Campo.
"Si algo confirmaron los investigados es que nunca tuvieron el más mínimo indicio de la comisión de ningún delito de revelación de secretos ni de ningún otro delito en relación con Cenyt. Sus declaraciones fueron rotundas en este sentido, aunque realmente no suponían una novedad, pues ningún indicio delictivo se ha encontrado en BBVA", afirma BBVA.
