Baltasar Garzón: “La Justicia española sigue claramente permeada por el franquismo”

El despacho de Baltasar Garzón (1955) es su mejor biografía. Cuadros, fotografías, recuerdos e ideología componen un retrato fiel de alguien que ha dedicado la vida a la judicatura. Nos recibe atareado, con una torre de libros a la espera de firma y dedicatoria, compromiso ineludible en época de promoción. Metódico, suspira agradecido por el rápido lanzamiento de la segunda edición de La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia (Planeta).

400 páginas que combinan la primera y la tercera persona. Experiencias personales dan forma a un análisis contextual de los temas del momento: el auge de los nuevos totalitarismos, la modernización de los mecanismos antidemocráticos para la subversión del poder y los nombres concretos. Desde Trump hasta la Fiscalía General del Estado. Del franquismo al lawfare. Preguntamos por ello.

P: ¿Quién amenaza la democracia? 

R: Hay muchos factores que amenazan la democracia, pero, evidentemente, a nivel global hay un hombre que está haciendo todo lo posible para que quiebre el orden internacional. Donald Trump, con todo el poder que representa y el efecto arrastre en otros países de este autoritarismo posfascista, ataca la convivencia y provoca el surgimiento de ideologías que hoy, con otros aparejos y disfraces, se hacen más presentes. 

En España, personalizando este contexto, tenemos el mismo germen que se complica aún más después de que el PP se haya aliado con la extrema derecha, representada por Vox. Ambos dan pie a determinadas políticas, como la prioridad nacional, que si llegan a incorporarse a nuestro día a día podrían constituirse como un quiebre de la democracia. La corrupción -como virus-, la instrumentalización de la justicia o aquellos que se mantienen indiferentes también son parte del problema. 

P: Habla del regreso a épocas ominosas y oscuras muy concretas. De poderes interesados en ello. ¿Qué anclaje tiene el franquismo sociológico en España?

R: El franquismo no solo marcó 40 años de historia, tortura y represión, sino que con posterioridad, con una transición repleta de esferas sin resolver, el negacionismo de la memoria contribuye a esa permanencia. En España no se ha hecho una reflexión seria. Todavía hay quien defiende que esa dictadura supuso la llegada de la democracia. Ese mecanismo de protección, silencio y cobertura favorece que España cuente con segmentos ideológicos que consideran que aquel régimen fue algo positivo. 

La Justicia, por ejemplo, es uno de los segmentos que está claramente permeado por esa ideología. Evidente no se reconocerá. Nadie te contestará que es franquista si le preguntas, pero el desarrollo de los hechos demuestra que hay un componente heredero de esa etapa. 

P: Usted ha sido nombrado presidente de la Comisión de la Verdad. ¿Qué siente cuando Ayuso se niega a reconocer lo sucedido en la DGS o cuando Aznar presume de legado familiar?

R: Siento vergüenza. Una persona que se llame demócrata debe asumir los acontecimientos históricos que este país ha vivido. Con personas reivindicando un sistema de represión y persecución, me hiere ver que en España se sigue clasificando a las víctimas y negando tal condición a quienes aún piden perdón y reclaman derechos sencillamente por oponerse a una dictadura. Hay muchos ámbitos políticos, sociales, económicos y judiciales que siguen interesados en mantener el franquismo. Estos intereses acaban propiciando persecuciones judiciales, como la del juez que quiso juzgar los crímenes del franquismo, que fui yo, con su suspensión y la negación para las víctimas del derecho a la verdad. 

La Ley de Memoria, afortunadamente, reconoce parte del problema y trata de revertir lo sucedido y dignificar la historia de quienes resistieron. No obstante, PP y Vox, como han adelantado en las comunidades autónomas en las que han gobernado, han reconocido abiertamente que quieren revertir esta ley. ¿Qué quieren? ¿Matar la historia? No os vamos a dejar. 

P: ¿Dejará España de estar en deuda con sus víctimas en algún momento? 

R: Es difícil que ese vacío se llene. Principalmente porque la justicia no ha estado a la altura. Ni siquiera aquellos que lo hemos intentado. El miedo instalado en la sociedad ha cercenado cualquier posibilidad de justicia. A mí me cuesta trabajo asumir que la primera vez que un tribunal oyó testimonios de las víctimas fue en el juicio contra mí. Se nos tendría que romper el rostro simplemente por llamarnos jueces si no acabamos con esta situación.

P: Volvamos al terreno internacional. Hablaba antes de Donald Trump como referente internacional del autoritarismo posfacista. ¿Tiene EEUU un interés por derribar a Sánchez? ¿Percibe algo extraño en el ‘caso Zapatero’?

R: Todo está relacionado. La casualidad y el azar son importantes, pero cada vez tienen menos peso en tiempos como estos en los que vivimos inmersos en la velocidad de los bulos, las redes sociales y las plataformas digitales, dominadas por EEUU. En este caso concreto, debemos respetar el curso de las actuaciones y la instrucción del juez, pero, claro, hay que valorar todo el ámbito de la incidencia de la desinformación, los lobbies, la política y lo que yo he definido como lawfare de filtraciones. 

Puede haber instrumentalización de la justicia, ya lo veremos, pero por el momento no sabemos de dónde proceden informaciones que ya se están utilizando en este procedimiento. Con la decisión de que las causas judiciales se debatan a tiempo real en los medios de comunicación, lo que para mí es una barbaridad, por el momento desconocemos si esa prueba que es clave puede estar contaminada.

Pedir ahora el aval de esos elementos probatorios, implica que no se hizo antes. No obstante, esto ya ha producido un perjuicio lesivo para la presunción de inocencia. O respetamos el cauce procesal o estaremos perdidos, porque esto es la selva.

P: ¿Ha muerto la presunción de inocencia? 

R: Sí, porque aunque dentro de muchos años llegue una absolución, la persona ya está amortizada y noqueada socialmente.

P: ¿Existe una sincronización entre las acusaciones, los medios, la policía o los jueces? 

R: El lawfare de filtraciones se apoya en el poder mediático, político, económico y judicial. Esto se ve muy agravado por la existencia en España por los profesionales de las querellas. Hay que decirlo claramente, en España existen personas que se dedican a redactar denuncias y tratar de influir en los tribunales, los medios y la política. Si esto se consiente, se está prostituyendo la aplicación de la justicia. 

P: “El que puede hacer, que haga” llevado a la máxima expresión. 

R: En el libro yo comento que los golpes de Estado no son cruentos ni violentos, sino que se utilizan otros mecanismos de vaciamiento institucional del sistema democrático. El objetivo es poner en cuestión instituciones clave para acabar con ellas, eliminar los contrapesos democráticos y tomar el poder de forma autoritaria. ¿Está sucediendo esto en España? Lo que está claro es que hay quienes lo pretenden y es necesario poner los cortafuegos necesarios.

Yo no tengo ningún interés como ciudadano en ver el espectáculo de insultos diario del Congreso. Da igual, porque todo vale. Eso es el vaciamiento. Esto genera desafección, y si se consigue se ataca la democracia, la gente desconecta y se crea el caldo de cultivo necesario para políticas fascistas contra la migración, la memoria o la propia comunicación. Hay un patrón global, una dirección y una internacional ultra muy definida. En este contexto, expresiones como la de Aznar, son muy peligrosas. 

¿Alguien se cree que solo el expresidente Zapatero conoce lo que es hacer lobby? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para regularlos? Tendrán algún interés. Cuando Aznar pronuncia su famoso ‘el que pueda hacer, que haga’ y de repente pasan muchas cosas, seguidas y en paralelo, alguien podría pensar que quien fue capaz de meternos en una guerra ilegal como la de Irak sigue buscando el deterioro institucional para conseguir el poder. 

P: ¿Qué opina del juez Peinado? 

R: No me convencen las investigaciones prospectivas. Hay que salir a pescar con la mosca y el cebo correspondiente, pero en este caso hablamos de investigaciones penales con unas normas, requisitos y que deben ser confiables. No puedes ir con una panoplia de frentes abiertos e ir de uno a otro en función de tus intereses. Quienes actúan de esa forma, incluya usted los nombres que quiera, no están actuando correctamente. 

P: ¿Acabará el presidente Sánchez siendo imputado?

R: Yo sigo creyendo en la justicia, aunque los últimos golpes son bastante cruentos. Decir eso sería hacer un juicio de valor que no me corresponde. Lo que es necesario es que se investigue sin que  cada uno de los pasos trascienda a los medios de comunicación. No me valen las valoraciones de los grupos de la guardia civil en sus informes. Se está produciendo una dinámica preocupante, que es incluir como elemento definitorio lo que esos funcionarios hacen. Las valoraciones son del juez, el tribunal o el fiscal. No se puede sustituir el criterio del instructor por el del guardia civil. Si transciendes ese espacio, es muy peligroso. 

Un ejemplo palmario es el del caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Todos los testigos han depuesto lo que se estaba investigando. Frente a ellos, el jefe de investigación de la UCO es que tenía la impresión de que existía una cierta preferencia por ser el hermano de Sánchez. Quizá, en este caso, el tribunal tendría que haberle pedido que se ciñera a los hechos. Pero esta es solo mi valoración. 

P: Los testigos también negaron las acusaciones contra García Ortiz. Tampoco se encontró una prueba sólida. ¿Cómo puede confiar la ciudadanía en la Justicia? 

R: Parece que cuando la UCO habla algunos creen que es palabra de dios, ahora que el Papa ha estado recientemente en España. Mi opinión es que deberíamos ser más cautos. Para mí, la condena al fiscal general ha supuesto un quiebre en mi percepción del sistema judicial. Tal vez porque he visto reflejado en ese procedimiento algo que yo mismo había experimentado en primera persona entre los años 2010 y 2012. Años después de recibir una sentencia condenatoria, como García Ortiz, Europa dijo que aquella condena había estado repleta de arbitrariedad e instrumentalización. La Justicia debe ser clara, evidente y transparente. Si no es así, el principio de presunción de inocencia debe primar. Produce menos daño a la sensibilidad humana la absolución de un culpable que la condena de un inocente. 

P: Con las cartas tan marcadas, ¿cómo se revierte la situación? 

R: El tribunal al que nosotros podemos apelar tiene su representación cada 4 años o menos si la legislatura es más corta. Ese es el tribunal del que formamos parte. Las cartas, incluidas las marcadas y manipuladas, están encima de la mesa. Ya tenemos madurez democrática para saber que la extrema derecha y su prioridad nacional no legislarán en otra dirección. Si votas con las tripas, asume las consecuencias.

¿Cómo vamos a confrontar? Ni usted ni yo iremos a confrontar abiertamente contra Donald Trump o Benjamin Netanyahu. Frente a esto, lo que tenemos que hacer es fortalecer la representación ciudadana. Estamos viendo cómo se comete un genocidio frente a nuestros ojos, aceptamos los bombardeos en Irán, el secuestro de un presidente o asesinatos selectivos en lanchas. Cuando la ciudadanía consiente estas situaciones, vamos mal. Cuando la calle se abona a quienes la invaden con insultos y comentarios xenófobos, vamos mal. El deterioro no se produce de golpe, sino con algo más ladino, más sutil, para que cuando llegue el momento no te hayas dado cuento. 

P: ¿Puede España dejar de ser una democracia? 

R: Espero que no. Pero tenemos que corregir muchas cosas: debemos tener transparencia, ganar credibilidad en el sistema político, establecer mecanismos de control, la gente tiene que percibir que está protegida y no se puede aceptar la manipulación soterrada. El poder se tiene que conseguir de forma limpia y convenciendo, siendo coherente y cumpliendo con lo que se ha prometido. Esto es fundamental en política y en la vida.