El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha pedido archivar las cuatro denuncias abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado por su forma de actuar en dos asuntos con fuerte carga política. La decisión final no está en sus manos. La Comisión Permanente del CGPJ examina este martes si asume ese criterio o si le corrige y le obliga a abrir expediente al magistrado. El choque no es menor. Vuelve a colocar en primer plano la división interna del órgano de gobierno de los jueces en torno a uno de los instructores más controvertidos de los últimos meses.
La propuesta de archivo alcanza dos frentes distintos. Por un lado, las dos quejas que presentó el ministro Félix Bolaños tras su declaración como testigo en la Moncloa dentro de la causa contra Begoña Gómez y después de que Peinado pidiera sin éxito al Supremo que le investigara. Por otro, las denuncias registradas por Más Madrid y por el diputado socialista Guillermo Hita a cuenta de la prórroga dictada fuera de plazo en la investigación sobre un contrato de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid con OkDiario. Ricardo Conde, responsable de la acción disciplinaria, sostiene que en ninguno de esos episodios aprecia una conducta sancionable.
El núcleo de su argumento es claro: aunque algunas decisiones del juez puedan discutirse, eso no las convierte por sí solo en materia disciplinaria. En el caso de Bolaños, el Promotor entiende que tanto el tono del interrogatorio como la posterior exposición razonada dirigida al Supremo forman parte del ejercicio de la función jurisdiccional. Su escrito lo resume así: se trata de resoluciones o actuaciones que podrán debatirse por su acierto o desacierto, pero que siguen insertas en el ámbito propio del juez. Es una línea de defensa corporativa que tiende a blindar la actuación judicial salvo que haya una infracción nítida y separable de la tarea de juzgar e instruir.
Las denuncias de Bolaños se apoyaban en una secuencia muy concreta. El ministro consideró “irregular” el interrogatorio que Peinado le hizo en abril de 2025 en la Moncloa, cuando le acusó de responder con “evasivas”, censuró sus gestos y llegó a reprocharle una sonrisa. Después, ya fuera de esa comparecencia, Justicia sostuvo que el magistrado tergiversó su testimonio al elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para intentar abrir una causa contra él, una petición que el alto tribunal rechazó. El Ministerio añadía otro reproche: la filtración a medios de resoluciones judiciales antes de que fueran notificadas formalmente a las partes.
En ese terreno, el Promotor tampoco ve base suficiente para seguir adelante. Según su propuesta, no existe indicio que permita atribuir al instructor, ni siquiera de forma indiciaria, la revelación de datos judiciales. Bolaños había descrito dos episodios casi calcados: la citación como testigo, difundida en prensa pocas horas después de ser firmada, y la providencia que le obligó a declarar presencialmente, publicada también antes de su notificación oficial. El ministro apuntaba al juzgado porque el círculo de personas con acceso era reducido. La autoridad disciplinaria, al menos por ahora, no compra esa tesis.
Las otras dos denuncias nacen de un error procesal menos vistoso, pero con consecuencias directas sobre una causa penal. Peinado prorrogó con dos meses de retraso la investigación sobre el contrato de patrocinio de la EMT con OkDiario para unas jornadas de sostenibilidad por 72.600 euros, un importe que disparó las sospechas porque un evento similar celebrado un año antes había costado bastante menos. La Audiencia Provincial de Madrid constató que esa prórroga se acordó fuera del plazo legal y, por tanto, que muchas diligencias quedaban invalidadas. Más Madrid y Guillermo Hita denunciaron entonces una desatención grave de las obligaciones judiciales, al entender que ese fallo perjudicó a la investigación y favoreció a las defensas.
Pese a ese precedente, Ricardo Conde también propone archivar esas quejas. La Comisión Permanente tendrá la última palabra y su composición vuelve a importar. Está formada por siete miembros más la presidenta, Isabel Perelló, que puede desempatar. En decisiones recientes, su voto permitió abrir expedientes a magistrados por declaraciones contra responsables políticos, aunque esos procedimientos terminaron después sin sanción al imponerse el bloque conservador en la Comisión Disciplinaria. Ese antecedente dibuja bien el terreno: dentro del CGPJ hay margen para que prospere una reprimenda formal, pero también para que acabe diluyéndose más tarde.