La Audiencia Nacional estudiará la extradición del activista propalestino Fergie Chambers el 13 de noviembre

La situación judicial del activista propalestino Fergie Chambers continúa avanzando, de tal manera que la Audiencia Nacional estudiará el próximo 13 de noviembre su extradición a Estados Unidos, debido a que se encuentra acusado por presunto lavado de dinero internacional por promover actividades de organizaciones terroristas en el marco del conflicto de Israel contra la Franja de Gaza. 

Chambers se encuentra actualmente en prisión provisional en Aranjuez y a la espera de conocer la decisión del magistrado instructor Antonio Piña próximamente. Fue detenido el pasado mes de julio en Ibiza, pero no fue hasta octubre cuando el tribunal rechazó su petición de libertad provisional al considerar que existía riesgo de fuga -pese a que éste alegó arraigo familiar en España- desestimando las medidas alternativas propuestas de la defensa como la prestación de una fianza o comparecencias regulares ante el juzgado. 

El filántropo estadounidense ha venido denunciando “mala fe” de las autoridades de Washington en la traducción de la documentación que remitieron a la justicia española sobre su caso. 

De tal manera, la defensa de Chambers, a cargo del despacho de abogados del exmagistrado Baltasar Garcón, ha señalado que ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional “las discordancias detectadas”, al cuestionar así el cambio de expresión “acción directa” por “violencia directa”, además de incorporar en los hechos relacionados con las protestas contra la empresa Elbit Systems “tres incendios” que no aparecen en los textos originales, así como “la activación” de botes de humo por “detonación”. 

Desde su defensa, inciden en que los cambios “han sido después reproducidos en documentos del procedimiento en España, pero no estaban en la documentación original”. Un dato relevante “porque incluye presupuestos de violencia, peligrosidad, finalidad y autoría”, reiterando así que “existen motivos para sospechar que las alteraciones más relevantes pueden responder a un ejercicio de mala fe de Estados Unidos dirigido a inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición”. 

Para ser más exactos, el despacho de Garzón ha identificado “alteraciones sustanciales en la traducción” que “elevan la gravedad de los hechos” y podrían declinar en “la calificación de los delitos en España”, lo que suscitaría la extradición final de Chambers.

A la espera de ser juzgado por tres presuntos delitos

Cabe recordar que el Gobierno de Donald Trump acusa al activista propalestino de hasta tres delitos por sus actividades en favor de la causa de Gaza: desde presuntos delitos de blanqueo de capitales y desórdenes hasta una supuesta conspiración para causar los mencionados desórdenes. 

Sobre estos dos supuestos últimos delitos, harían referencia a la protesta contra la empresa mencionada que facilitaba armamento a Israel. Unos hechos que ya fueron juzgados en su momento y en el que “otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión”. 

Mientras, sobre el presunto blanqueo, la defensa de Chambers denuncia que la reclamación de Washington “no reprocha el origen de los fondos, sino la afinidad ideológica de su destino”, matizando así que “en la denuncia penal remitida por Estados Unidos no se acusa a Chambers de ningún delito relacionado con organizaciones terroristas”. 

Bajo esta postura, el comunicado del despacho de Garzón concluye que el activista propalestino está siendo objetivo de persecución “no por actividades delictivas, sino por su actividad política y por el apoyo económico que ha prestado a determinadas causas y proyectos humanitarios”. 

Sobre la postura de la Audiencia Nacional sobre no brindarle la libertad provisional el mes pasado, se rechazó a su vez su extradición por su capacidad económica de facilitar un cambio de residencia a un país que le garantizase no ser entregado a las autoridades. “El riesgo de fuga sigue inmanente, el recurrente no quiere ser entregado a Estados Unidos y tiene capacidad económica suficiente, él nos lo alega, para facilitar el cambio de residencia a cualquier otro país que pensara que pudiera garantizarle la no entrega a los Estados Unidos; y la retirada de pasaporte no sería suficiente, puesto que los controles fronterizos terrestres son absolutamente permeables, por ello, la única medida idónea para garantizar el éxito en la entrega, si procediera, es la prisión provisional”, defendieron entonces.