El magistrado Antonio Piña, instructor de la Audiencia Nacional, ha decretado este lunes el archivo de la querella presentada por el grupo ultracatólico Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La organización acusaba al exdirigente socialista de participar en una supuesta trama de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de presuntos vínculos con el exmandatario venezolano Nicolás Maduro.
La decisión judicial llega después de que la Fiscalía Antidroga remitiera al juez un informe contundente en el que rechazaba de plano las imputaciones y subrayaba que la denuncia no contiene el más mínimo indicio contra Zapatero. El ministerio público calificó las acusaciones de meras “conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas”, carentes de apoyo fáctico.
Tras recibir la querella a principios de año, el magistrado abrió diligencias —un trámite necesario para valorar la continuidad o el archivo del procedimiento— y solicitó informe a la Fiscalía Antidroga sobre la competencia de la Audiencia Nacional, según consta en una resolución fechada el 8 de enero. La denuncia atribuía a Zapatero delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal, todos ellos derivados de su relación con el expresidente venezolano.
En su escrito al juzgado, el fiscal Javier Redondo precisó que de la existencia de una acusación formal de Estados Unidos contra Maduro “no se puede deducir, en modo alguno, la implicación del aquí querellado” en actividades de tráfico de drogas. A juicio del ministerio público, la tesis de Hazte Oír se sostiene únicamente en la idea de que, por conocer a Maduro, Zapatero “se habría convertido en coautor, colaborador o partícipe” de esos delitos, una inferencia que el fiscal considera carente de sentido y respaldo probatorio.
La querella de Hazte Oír
El pasado 5 de enero, el pseudosindicato ultracatólico se apoyaba en una presunta "estructura criminal" encabezada por Maduro para querellarse contra el expresidente socialista. En el escrito, Hazte Oír atribuía a Zapatero delitos de extrema gravedad como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, a razón de lo cual el pseudosindicato solicitó las medidas cautelarísimas de retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales ante el juzgado.
Asimismo, solicitaban que Zapatero fuera citado en calidad de investigado, además de reclamar la declaración como testigos del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Según Hazte Oír, “lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí”, y si existen indicios de una red criminal internacional, España “debe investigar hasta el final”. Sin embargo, el escrito se basó más en conjeturas ideológicas que en hechos contrastados, recurriendo a un lenguaje propio de la propaganda política más que del rigor jurídico.
En este mismo orden de cosas, en el escrito la organización ultracatólica sostuvo que la implicación del expresidente en Venezuela “no se limitó a un papel político o diplomático”, sino que habría sido “decisiva” para facilitar la operativa internacional del Gobierno de Maduro. Asimismo, la asociación defendió que esa supuesta colaboración habría reforzado la capacidad del régimen venezolano para actuar con impunidad en el exterior. De esta forma, desde Hazte Oír insistieron en que dicha querella era solo el primer movimiento de una batería de acciones judiciales contra el expresidente socialista, remarcando que su objetivo no es únicamente jurídico, sino político: erosionar la figura de Zapatero por su papel como mediador internacional y por mantener posiciones alejadas del discurso de la derecha y la extrema derecha españolas.
"No hay el más mínimo indicio"
Pocos días después de conocerse la querella presentada por Hazte Oír, la Fiscalía Antidrogas defendió en su informe que no había el más mínimo indicio de que el expresidente hubiera cometido ningún delito de narcotráfico, así como un delito de blanqueo de capitales. Por tanto, desde el Ministerio Público le solicitaban al juez que rechazara la querella presentada por el pseudosindicato.
En el informe, se afirmó: “En la querella ni se describe mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno”. Así, el fiscal que hizo el informe subrayaba que “la presente querella se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano, emitida por el gran jurado de la corte Federal del distrito sur de Nueva York, que no es la vigente actualmente".