La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo por el encargo contra la empresa Martinsa-Fadesa

La Audiencia Nacional ha absuelto este miércoles al excomisario José Manuel Villarejo de los delitos que estaba acusado por el encargo que hizo en 2011 atendiendo la petición del empresario José Moya con el fin de que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa, así como con su presidente, Fernando Martín, para recuperar la inversión de cien millones de euros que había hecho en la inmobiliaria.

En la sentencia emitida, el tribunal absuelve también a su socio Rafael Redondo de los delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos a terceros -cometidos por funcionario público en el caso del comisario- y de falsedad en documento mercantil.

Al hilo de ello, la Fiscalía Anticorrupción señaló en el juicio que Villarejo "aprovechó su condición policial" para ese encargo, por el que reclamó 23 años y 6 meses de cárcel para el excomisario ya jubilado, y 18 años y 9 meses para Redondo. Sin embargo, Villarejo pidió ser absuelto alegando que no existe "la más mínima prueba", calificó la acusación de "construcción artificiosa" e indicó que fue una "actividad puramente privada".

La decisión de la Audiencia Nacional se produce apenas unos instantes posteriores a que el juez que investiga el 'caso Villarejo' haya reclamado al perito propuesto por el expresidente del Sacyr Luis del Rivero que presente un informe pericial pendiente en la causa por el presunto espionaje hacia él por parte del BBVA y a través del ex comisario.

En el auto, el titular del Jugado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, da un mes de margen para que se presente el informe. "Ha transcurrido sobradamente el plazo que se estimó razonable para la aportación de la pericial, sin que conste en las actuaciones comunicación de ninguna clase que permita valorar siquiera la justificación o no del retraso". Asimimso, el magistrado advierte de que, en caso de no aportarse "puntualmente" la pericial, se tendrá por "desistida". "Todo ello en aras de velar por el derecho de los intervinientes en las actuaciones a un procedimiento sin dilaciones indebidas", destaca.

Vigilancias y obtención "masiva" de datos

El pasado 9 de septiembre, el polícia que estuvo al frente de la investigación interna al ex comidario declaró ante la Audiencia Nacional por el 'proyecto Saving' y aseguró que el encargo sobre la constructora Martinsa-Fadesa incluía vigilancias, pagos a informadores y obtención "masiva" de datos.

Durante su declaración como testigo, el agente relató que el objeto del encargo fue "explicitado" en las reuniones con el cliente -José Moya- donde se concertó con el Grupo CENYT, la empresa privada de Villarejo, un proyecto de "inteligencia y análisis con tareas de información e investigación": "Se habla literalmente de investigación, de rastrear datos, de pagos de comisiones y sobornos en Panamá. Se habla, en el fondo, de una tarea de investigación, de inteligencia", detalló.

De la misma manera, el agente sostuvo que, respecto a la infraestructura, ponían a disposición del cliente "vigilancias, seguimientos, control electrónico, obtención masiva de datos o un estudio económico con unos medios humanos y materiales...". "Se habla de ocho coches, de cinco motos, de pagos a informadores, pagos a colaboradores", añadió.

Además, confirmó que el dinero pagado por el proyecto, teniendo en cuenta que era medio millón de euros, "iba todo al patrimonio personal" de Villarejo, ya que desde Asuntos Internos indagaron "si había algún reingreso o parte de eso volvía al Estado de alguna manera, porque él alegaba que podía operar como agente encubierto".

"Presuntos encargos ilegales"

Un año atrás, el juez instructor Manuel García Castellón propuso juzgar al ex comisario, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad y a varios ex cargos por los presuntos encargos ilegales que habría llevado a cabo Villarejo para la compañía cuando ejercía el cargo. 

Siguiendo esta línea, uno de los encargos habría sido el presunto espionaje a Del Rivero para paralizar el intento de Sacyr de hacerse con una participación significativa en el BBVA y que habría incluido control de comunicaciones, seguimientos e incluso infiltraciones en la seguridad.

Según rezaba un escrito de la Fiscalía, "haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía", Villarejo "aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías", lo que permitía al ex comisario "entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso".

Por su parte, respecto al ex presidente del banco, el fiscal agregó que ante "la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad", González "autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo".