Este lunes, los tres magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido, tras una sesión de deliberación, limitar el alcance de la investigación que lleva a cabo el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La Audiencia ha aceptado de manera parcial los recursos presentados por la defensa de Gómez, lo que supone una importante restricción en el marco de la investigación.
La decisión se produce una semana después de la fecha inicialmente prevista para la deliberación, que fue aplazada debido a un error en el procedimiento judicial. En esta ocasión, los magistrados han contado con la documentación completa del caso, lo que les ha permitido tomar una resolución más clara y ajustada a derecho.
El juez Peinado había omitido la semana anterior elevar a la Audiencia el recurso presentado por la defensa de Gómez, lo que generó un retraso en la resolución. El magistrado tiene bien definido el enfoque de la causa, centrándose en los asuntos que afectan a Begoña Gómez desde que su esposo asumió la presidencia del Gobierno.
La defensa de Gómez, no obstante, ha criticado duramente el proceder del juez, argumentando que Peinado ha desplegado una investigación de carácter universal, algo prohibido en el ordenamiento jurídico español. A medida que la investigación avanzaba, el letrado sostiene que el juez ha ido ampliando el caso sin las debidas garantías procesales, a pesar de que la Guardia Civil desestimaba sus hipótesis iniciales.
Por su parte, la Fiscalía también ha respaldado las críticas al juez, argumentando que Peinado ha abierto una causa general prohibida y solicitando a la Audiencia Provincial que delimite claramente los alcances de la investigación, con el objetivo de frenar posibles excesos por parte del magistrado.
Tres escenarios posibles
Eran tres los escenarios posibles. Los magistrados podrían haber optado por descartar ambos recursos, manteniendo la investigación tal y como estaba hasta ahora; delimitar las pesquisas, aceptando con ello las alegaciones del Ministerio Público; o cerrar el caso, conforme reclama la principal investigada.
