Adolfo Carretero, el magistrado al frente del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, que investigará las mordidas en el caso de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Madrid, es un viejo conocido no solo de la prensa, a la que parece que le tiene especial inquina, sino del propio Partido Popular. Juez polémico, ha llevado casos como el DelcyGate o el fallo informático en el Congreso que permitió que saliera adelante la reforma laboral del Gobierno.
En cuanto a los periodistas y su posible fijación con ellos. Carretero fue el responsable de que Pilar Velasco, periodista de la Cadena Ser, estuviese durante un año imputada por publicar las cintas del espionaje al expresidente madrileño Ignacio González en su visita a Colombia y de que, en 2018, el humorista Dani Mateo fuese citado a declarar como imputado por la presunta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España al hacer un chiste en que se sonaba la nariz con la bandera de España en El intermedio (laSexta).
Sus vínculos con el PP se pueden extraer de unas de las personas más cercanas a este juez, su hermano, también magistrado, Agustín Carretero. Pero primero los antecedentes: gracias a la información de la periodista de la Cadena Ser -que difundió la grabación del exvicepresidente popular entrando en un local con unas bolsas blancas que luego desaparecían en Cartagena de Indias-, se inició el caso Lezo por el que González fue a la cárcel.
Precisamente el hermano de Carretero, Agustín Carretero, ha sido alto cargo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en las épocas de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Durante esos años fue director general de Política Interior, gerente de la Academia de Policía de la Comunidad y director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
Además, recientemente, fueel juez instructor del conocido como Delcygate, el supuesto encuentro de José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.
Disparos a un "moro" y "maricón"
Mención aparte merecen sus resoluciones. Carretero rechazó en un auto la imputación por delito de odio a un ciudadano de Madrid, de origen español, que en el mes de enero de 2021 amenazó con una pistola de aire comprimido a un grupo de jóvenes migrantes que se encontraban en las inmediaciones del centro de Madrid.
El magistrado aceptó como hechos probados que el presunto agresor llamase “moro de mierda” y “maricón” a uno de los jóvenes, al mismo tiempo que le amenazaba y profería disparos con una pistola de aire comprimido. Sin embargo, el magistrado consideró que dichos insultos estaban “justificados” porque, como consta en el auto emitido este 30 de julio de 2021, “se hizo en un contexto de una disputa”.
De este modo, el juez titular del juzgado de instrucción 47, que previamente fue corregido por la Audiencia Provincial, ya que pretendía convertir el procedimiento en un juicio rápido calificando los hechos como “delito menor”, rechazó calificar como delitos de odio homofóbicos los que hacen referencia a la orientación sexual alegando que “el presunto agresor no conocía la orientación sexual del agredido”.
Casero
El último caso mediático, antes del tema de las mascarillas, que ha pasado por el juzgado de Carretero ha sido el del fallo de Alberto Casero, diputado del PP, al votar a favor de la reforma laboral cuando debería haber votado en contra. En un auto, el juez explicaba que tomó la decisión de abrir diligencias después de que un particular que no es el propio diputado presentara una denuncia. Todo ello pese a que existían dos informes, de los informáticos del Congreso y de los Letrados de las cortes, afirmando que lo de Casero fue un error humano y no del sistema, como afirmaba el diputado.