ElPlural.com ha accedido a parte de la grabación de las declaraciones de las peritos de la Agencia Tributaria que descubrieron los dos delitos por fraude fiscal cometidos por Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al inflar el volumen de gastos para limitar sus pagos a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021.
En sendas testificales, tanto Mercedes Urbano, quien firmó en diciembre de 2023 el primer demoledor informe de 187 páginas que desgranaba el modus operandi del fraude, como Ana María Martínez, quien ratificó en un segundo escrito todo lo expuesto por su compañera, resumieron a la perfección el ilícito cometido por el comisionista a través de su mercantil Maxwell Cremona. Ambas, además, a las preguntas de los letrados, se ratificaron en la totalidad de sus informes y abordaron cómo arrancó la investigación y cuál fue el momento preciso en el que saltaron las alarmas de la Agencia Tributaria.
Especialmente proactiva se mostró Mercedes Urbano en su declaración. Concretamente, las testificales de las peritos de Hacienda se produjeron hace cerca de seis meses, el 21 de marzo de este mismo año. Urbano, con una dilatada trayectoria a sus espaldas tras 29 años en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, se muestra segura y firme a las preguntas de los letrados, incidiendo especialmente en los puntos del ilícito cometido por Maxwell al inflar sus gastos con facturas falsas en los ejercicios 2020 y 2021 para pagar menos impuestos que en los ejercicios anteriores pese a elevar su facturación de una forma sorprendente por sus intermediaciones en contrataciones de material sanitario durante lo peor de la pandemia.
Tras las preguntas iniciales, habituales y obligatorias en toda declaración -nombre, promesa de decir la verdad y relación personal con las partes afectadas-, Urbano ejecuta un resumen pausado sobre el contenido de su informe de 187 páginas y sobre dónde se originaron los delitos cometidos por González Amador: “Tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública: un delito del ejercicio 2020 con una cuota de 155.000 euros. Y un segundo delito, también por sociedades, en 2021, de 195.591 euros. El tema es el siguiente: nosotros entendemos que hay dos delitos en contra de la Hacienda Pública porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria”, arranca.
Una puesta en escena que prosigue contextualizando cuál fue el motivo del principio de la inspección: “El motivo por el que se inicia la inspección es que había un incremento muy considerable de los ingresos en el ejercicio 2020 (2.330.000 euros, aproximadamente) respecto al del año anterior (375.000 euros). Incrementando de forma tan considerable los ingresos no nos resulta lógico que baje la tributación”, prosigue.
Facturas falsas con origen en México y Costa de Marfil
Tras desgranar la fuente de ingresos, sin dejar pasar la “factura extraordinaria” de más de un millón de euros emitida por la intermediación entre FCS Select y Mape Asesores para la recepción de material sanitario (mascarillas y guantes), Urbano incide en cómo se elevaron de forma premeditada los gastos de los ejercicios 2020 y 2021 para tratar de pagar menos impuestos a Hacienda.
Concretamente, tal y como expone, la mayor parte del importe de estas subidas de los costes (aunque no todo), se produjo a través de dos facturas falsas con origen en México, en el caso de 2020 y por valor de 620.000 euros, y Costa de Marfil, el año siguiente, por importe de 922.000. Mismo modus operandi, mismas excusas por parte de Maxwell y mismo final: el reconocimiento de la falsedad de los contratos.
En el primer caso, expone Urbano, la Inspección que llevó a cabo la Agencia Tributaria tuvo un sinfín de fases: se reclamó documentación tanto a Maxwell como a la empresa radicada en México (MKE Manufacturing), a su representante legal (que en primera instancia dijo desconocer de qué se hablaba) e incluso a las autoridades mexicanas. Tras descubrir que los trabajos no se produjeron y el pago no tuvo lugar, Maxwell reconoció el ilícito: “Entonces, tras detectar la irregularidad, fue cuando el contribuyente se abrió a anular esa factura, ya recogida en su contabilidad y deducida fiscalmente”, sentencia Urbano.
En 2021 los pasos fueron los mismos. De hecho, la mercantil de González Amador utilizó incluso los mismos mecanismos para sus pagos falsos a una empresa radicada en Costa de Marfil (Gayani). El concepto de aquella contratación era la apertura del mercado costamarfileño a Maxwell y una comisión de intermediación en la compraventa de dos millones de vacunas covid.