La candidata de Isabel Díaz Ayuso a la alcaldía en Villa del Prado, Belén Rodríguez, será juzgada por fraccionar contratos en este consistorio madrileño. Rodríguez está acusada de un delito continuado de prevaricación administrativa, pero Ayuso la mantiene como candidata pese a las acusaciones, y a que los estatutos del PP obigan a expulsarla del partido. El caso comenzó cuando un concejal de Vecinos por Villa del Prado presentó una denuncia ante el Ministerio público acusando a Rodríguez de fraccionar contratos como regidora. Unos contratos que fueron adjudicados reiteradamente a dos empresas sin concurso público entre los años 2014 y 2015, cuando desde el ayuntamiento se pagaron 358.000 euros. Dos años más tarde, esa cantidad ascendía a los 640.000 euros.
El periplo judicial de la candidata de Ayuso comenzó cuando declaró como imputada el 9 de enero del 2020. Posteriormente, el 15 de septiembre del 2021 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Navalcarnero acordó el procesamiento primero, y posteriormente emitió el auto de apertura de juicio oral contra ella. El juicio está previsto para los días 10 y 11 de enero de 2024. La acusación particular, solicita para Belén Rodríguez la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de doce años, además de la en costas. Pero por el momento, Rodríguez no solo sigue siendo candidata, sino que, además, es concejal en la oposición en este Ayuntamiento de Madrid. Puesto que ocupa tras perder las últimas elecciones, ya que hace cuatro años ya fue candidata elegida por Isabel Díaz Ayuso.
Estatutos del PP
La presidenta del PP de Madrid se está saltando los estatutos de su propio partido. Unos estatutos que prevén la expulsión cuando haya auto de apertura de juicio oral, momento “clave” según los dirigentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, las normas, aunque sean las de su propio partido, parece ser que no van con Ayuso, quien mantiene a Rodríguez como candidata de Villa del Prado pese a haber sido juzgada y estar acusada de un delito tan grave como es la prevaricación administrativa.
No es la primera vez que el PP avisa que, la apertura de juicio oral, es la línea roja que marca la expulsión del partido. En el Caso Serrallo, el presidente del PP Andalucía ya aseveró que los concejales que estaban implicados en ese caso serían expulsados en el momento que hubiera un auto de apertura de juicio oral. Igualmente, otros cargos populares han visto como les expulsaban al llegar a este punto. Pero Ayuso es una outsider dentro de su partido incluso cuando sus candidatos no es que están acusados de corrupción, es que tienen fecha de juicio para responder por sus presuntas tropelías con el dinero del erario.
