Se abren las diligencias del ‘caso ático’: esto es lo que piden los denunciantes para esclarecer la compra que cerca a Ayuso

La compra por parte de la Comunidad de Madrid del polémico ático de lujo en Chamberí está ya en manos de los tribunales. El juzgado de instrucción número 8 de la capital estudia las cinco denuncias enviadas por la Fiscalía sobre la operación que, desde hace dos semanas, cerca a Isabel Díaz Ayuso. La jueza Rosario Espinosa baraja ahora las distintas diligencias que piden los denunciantes, que ponen el foco en Planifica Madrid, la agencia autonómica que ejecutó la compra del inmueble por 6,3 millones de euros; la Consejería de Presidencia; y la puesta a la venta simultánea de los pisos del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, entre otras cuestiones.

Además de las del Partido Socialista y la formación extraparlamentaria Iustitia Europa, la jueza tiene en sus manos las denuncias de tres particulares: el activista Fernando Jabonero y los ciudadanos Dionisio Cabeza e Iván de Ángel de Diego. En paralelo, el abogado Javier Flores también llevó la operación ante el Tribunal de Cuentas. Todos ellos señalan al Gobierno de Ayuso por haber incurrido, presuntamente, en delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La documentación, la gran incógnita

La principal cuestión que ha provocado el terremoto en la Puerta del Sol es la opacidad con la que se ha llevado todo a cabo. La compra no se conoció hasta hace dos semanas por los medios de comunicación, a pesar de que se ejecutó en abril, y desde entonces sigue sin haber disponible ninguna documentación al respecto en los portales de transparencia de la Comunidad de Madrid. Es por ello por lo que los denunciantes creen, directamente, que no existe ningún expediente que aclare las distintas preguntas que siguen sobrevolando a la compra del ático.

Aun así, piden a la jueza que requiera la documentación pertinente a Planifica Madrid, la sociedad pública que compró el ático de lujo, y al Consejo de Gobierno de la región, para tratar de resolver algunas de ellas o, en su lugar, para determinar que no hay forma de contestarlas y analizar los posibles ilícitos en los que incurrieron.

Por tanto, los denunciantes piden a la togada que requiera a la Administración regional el expediente de compra, las certificaciones del Registro de la propiedad, y los documentos de la notaría en los que consten oficialmente quién compró, quién vendió, y si realmente se pagaron 6,3 millones de euros. La cifra solo se conoce por los medios de comunicación, pero concuerda con el precio de un ático de esas características -481 metros cuadrados, 200 de terraza-, en el paseo del General Martínez Campos, en una de las zonas más privilegiadas de la capital.

Las obras de Sol

La otra gran incógnita es la explicación dada desde el principio por la Comunidad de Madrid, que es que Ayuso necesitaba un espacio temporal para “recibir reuniones”, según dijo su gabinete a ElPlural.com, mientras se reformaba la Real Casa de Correos. La cuestión está en que, hasta que se conoció el escándalo, no se había comunicado nada sobre las obras en la sede del Gobierno regional, y es solo ahora cuando se ha publicado el primer contrato para su diseño: una adjudicación a dedo de 60.000 euros que, en cualquier caso, se licitó después de comprarse el ático.

Por ello, Iustitia Europa pide a la jueza que requiera el documento que avaló esa necesidad de una sede temporal para la Presidencia, así como el expediente de las obras, informes sobre otros espacios que se barajaron antes de optar por comprar -y no alquilar- un ático de lujo sin licencia de oficina, y el análisis de esas opciones. Del mismo modo, el PSOE pide los “informes, autorizaciones, antecedentes y comunicaciones relacionados con la operación, incluyendo el análisis de disponibilidad de inmuebles alternativos y la incorporación del bien al inventario”, documentación que se pide a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid

Piden todas las comunicaciones de la Consejería y Planifica

El otro objetivo de los denunciantes es determinar quién ordenó la compra, cómo se llevó a cabo y, sobre todo, por qué se hizo de la manera más opaca posible. En ese objetivo entra el nombre propio en el que Ayuso ha descargado toda la responsabilidad, que no es otro que su número dos, Miguel Ángel García Martín. El portavoz de Gobierno y, sobre todo, consejero de Presidencia está en el foco por la forma de actuar de Planifica Madrid, la agencia autonómica de comercialización de suelo público, que depende de su departamento.

Para esclarecer cómo tomaron la polémica decisión, Iustitia Europa ha pedido las comunicaciones entre los responsables de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local y la propia Presidencia de la Comunidad de Madrid. En el caso del PSOE, piden que declaren “como denunciados” los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid, que preside el propio García Martín y está integrado por nueve personas más, la mayoría altos cargos del Gobierno regional.

La vendedora y los pisos de González Amador

Otra de las piezas que faltan es el acta de la reunión de los dirigentes de la agencia autonómica en la que se tomaron las decisiones sobre el ático. Es importante porque, según sus estatutos, es potestad de Planifica comprar y vender inmuebles en la Comunidad de Madrid, pero para una operación así se requiere el voto favorable de dos tercios de sus consejeros. Por ello, los denunciantes piden este documento, que incluya “la convocatoria, el orden del día, los asistentes, la documentación puesta a su disposición y el sentido de los votos emitidos”.

El acta permitiría esclarecer algo más sobre el papel de la parte vendedora, y por qué se le exigió la firma de un acuerdo de confidencialidad -algo que también se conoce por los medios- durante el proceso. Para ello, los socialistas piden la declaración de la anterior propietaria del piso, que es la escritora Astrid Gil-Casares -exesposa del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, y amiga del pederasta Jeffrey Epstein-, y de la inmobiliaria de lujo Promora, a los que requieren también dicho acuerdo de confidencialidad.

Por último, el PSOE pide que se tenga en cuenta que, después de comprarse el ático, el novio de Ayuso puso a la venta el piso en el que vive con la presidenta, como reveló en exclusiva ElPlural.com, y del ático justo encima, también en Chamberí, por un total de 3,3 millones de euros. “Al menos, el piso estaba a la venta desde el 19 de julio”, recuerdan los socialistas, “por tanto, antes de conocerse la adquisición del otro ático por parte de Planifica Madrid. Esto quiere decir que el piso privado se puso a la venta después de que la Comunidad de Madrid comprara también el ático del Paseo General Martínez Campos”. Las sospechas giran en torno a si el objetivo real de toda esta operación, de la que la Comunidad de Madrid reculó al día siguiente de conocerse, era comprar una residencia oficial para Ayuso.