El Tribunal de Cuentas ha decidido remitir al Parlamento un informe sobre los inmuebles del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil que no han sido liquidadas 20 años después de la extinción de esa entidad.

El Patronato de Viviendas de la Guardia Civil se creó por Decreto en 1961, como organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior, y cuya finalidad era proporcionar viviendas al personal del Cuerpo, en régimen de alquiler o mediante su venta.

Inmuebles y fincas

Según la investigación del Tribunal de Cuentas, la Guardia Civil continúa sin traspasar a la Dirección General del Patrimonio del Estado 26 inmuebles logísticos en Cádiz, de los cuales 11 están arrendados a particulares. El instituto armado tampoco ha liquidado cuatro inmuebles considerados no logísticos ni algunos terrenos que presentan problemas de regularización en los registros de la propiedad, debido a la falta de claridad en la identificación de las fincas.

El Tribunal de Cuentas insta a que se establezca una fecha máxima para que se esclarezcan las deudas, fianzas y depósitos relacionados con esas propiedades, se clarifique la titularidad de los solares y se resuelvan los contratos de arrendamiento en su caso.

La AUGC critica la falta de transparencia

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), ha criticado “la falta de transparencia” en este Cuerpo y su “desidia” al poner “en riesgo su patrimonio y con ello importantes recursos que podrían repercutir en beneficio de las condiciones profesionales de los trabajadores del Cuerpo y de la seguridad pública”.

La asociación con mayor representación dentro de la Guardia Civil ha exigido que se “esclarezcan las responsabilidades” y “a qué órganos de la Guardia Civil corresponde esta gestión”.

Se desprecian recursos

La AUGC critica que una institución que tiene “graves carencias en medios humanos y materiales desaproveche sus recursos para mejorar las condiciones sociolaborales de sus trabajadores”, y en este sentido recuerda “el mal estado de numerosos pabellones o de docenas de cuarteles en toda España”.

Entre los inmuebles fiscalizados por el Tribunal de Cuentas hay algunos que, según la AUGC, podrían servir para “cumplir con el derecho que tienen las asociaciones profesionales de contar con locales dignos”. La asociación reprocha a la Dirección de la Guardia Civil que continúe “ninguneando” a estas organizaciones representativas.

El Tribunal de Cuentas recurre a las Cortes y al Gobierno

El Tribunal de Cuentas advierte, en su nota fechada el 25 de junio, de que remitirá su informe a “las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento”. El órgano fiscalizador subraya la extrañeza de que 20 años después de la extinción del Patronato de Viviendas aún no se hayan enajenado esos inmuebles.

Si la Guardia Civil se sigue resistiendo a solventar la situación, el Tribunal de Cuentas aboga por traspasar lo que quede a las unidades competentes de la Administración General del Estado.

El Patronato de Viviendas de la Guardia Civil, tras su creación en 1961, con el fin de facilitar casas a su personal, “realizó actividades relacionadas con la promoción, construcción y adquisición de viviendas y con la administración y conservación de los bienes y propiedades que constituían su patrimonio”, según recuerda el Tribunal de Cuentas.

En 1996 un Real Decreto estableció la supresión del Patronato y el 7 de marzo de 1997 se dispuso el plazo a partir del cual quedaría extinguido en su totalidad.