El Consejo de Estado ha emitido un informe mostrándose en contra del copago de las ambulancias que afecta sobre todo a enfermos crónicos, incluidos los oncológicos y los que necesitan diálisis, según ha adelantado la SER. Los pacientes tendrán que pagar entre 10 y 60 euros cuando sean trasladados en ambulancia por un servicio que hasta ahora era gratuito. El órgano consultivo desmonta todos los argumentos del departamento que dirige Ana Mato, recordándole que el ahorro que persigue el Gobierno es nulo, ya que el cobro de este transporte a los pacientes por parte de las Comunidades Autónomas se lo van a gastar en la gestión del sistema y no disminuirá su uso, porque la ambulancia no es un capricho, sino una necesidad.

Mato no da una en el clavo
Pero este no es el primer varapalo que recibe la polémica ministra de Sanidad. No. Las decisiones de Ana Mato en aras de un falso ahorro han removido conciencias, incluidas las de su propio partido, que le reprocha la aplicación de medidas sin tener en cuenta su impacto socio-económico, como sucedió con el copago para los pensionistas. “Los cuatro cafés” que suponía este gasto para los mayores, según el portavoz del PP en sanidad, José Ignacio Echániz, se ha descubierto ahora como una medida agotada e inservible porque en los últimos meses ha vuelto a subir el gasto farmacéutico y bajado, eso sí, la calidad de vida de muchos pensionistas que dejaron de ir al médico por no poder pagar “los cuatro cafés” de Echániz. Posteriormente retiró la tarjeta sanitaria a miles de inmigrantes y ocho CC.AA., dos de ellas del PP, anunciaban que mantendrían la asistencia. Y finalmente no se le ocurrió otra cosa que imponer el copago hospitalario, y aquí, de nuevo, los gobiernos autónomos se han “levantado en armas” contra una medida impopular y que no ahorra ni un céntimo.

El copago hospitalario lo abonará CLM
Y es aquí, en el copago hospitalario, donde Ana Mato ha recibido más críticas, destacando la de la propia secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, que en una rueda de prensa celebrada el jueves, donde a los periodistas elegidos para la misma solo se les permitía hacer una pregunta por medio, anunció que  en su región “el copago hospitalario  lo pagará exclusivamente la Junta de Castilla-La Mancha, en ningún caso el ciudadano con una enfermedad grave”, en lo que se interpreta como una clara desautorización de la titular de Sanidad.

La enemistad con Cospedal, a flor de piel
Pero una cosa es la enemistad que une a ambas políticas, que viene de lejos cuando ambas trabajaban codo con codo en la séptima planta de Génova 13 a las órdenes de Mariano Rajoy y la ahora ministra de Sanidad llevaba el peso territorial del PP, y otra distinta el guantazo que Cospedal propicia al Gobierno en la cara de Mato. “Tengo la obligación de cumplir las leyes del Gobierno de España pero también  la de cuidar de las personas de mi región y no hay nadie más vulnerable que aquel que tiene una enfermedad grave”, dijo, para seguidamente advertir que nunca pedirá “a ningún ciudadano con una enfermedad grave que ayude al pago, aunque sólo sea con cuatro euros como mucho, de ningún medicamento para una enfermedad grave como un cáncer  u otra situación excepcional”.

Rebelión en las filas populares
Pero el “guantazo” de Cospedal no es exclusivo. Desde hace meses el presidente de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, mantiene un duro tira y afloja con la ministra de Sanidad, cuya medida de copago hospitalario ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  En el recurso, el Gobierno de Herrera señalaba las dificultades para implantarlo en la fecha señalada (1 de enero de 2014), solicitando medidas cautelares para “evitar la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación”, decía el texto. Canarias, Andalucía, Cataluña, Baleares, País Vasco y Asturias también se rebelaron contra el copago hospitalario de medicamentos para enfermedades crónicas y graves. A estas siete comunidades que anunciaron que no aplicarían la medida se sumó también Extremadura y Navarra, que lo cobrarán pero devolverán a los ciudadanos lo que hayan abonado.