El Tribunal Supremo pedirá que se investigue la gestión que hicieron las administraciones públicas de la crisis sanitaria por el coronavirus, en contra del criterio de la Fiscalía, que apostó por archivar todas las querellas y denuncias presentadas.

El Supremo considera que determinadas conductas de los gobiernos nacional y autonómico durante la pandemia deben ser investigadas y solicitará a los tribunales correspondientes que se investiguen las querellas basadas en la falta de material de protección para colectivos sensibles como el médico, las compras fraudulentas de test o mascarillas y la gestión de las residencias, según adelanta El Confidencial. Las irregularidades que aprecia afectan a la gestión del Ejecutivo central y a las residencias de ancianos, que afecta al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. 

La Fiscalía apostó por archivar las denuncias

La intención del Supremo difiere de la opinión de la Fiscalía, que defendió el archivo del medio centenar de querellas y denuncias contra miembros del Gobierno y autoridades sobre el coronavirus que fueron llegando al alto tribunal. La Sala Segunda, encargada de los asuntos penales, pidió a principios de julio un informe a la Fiscalía sobre la conveniencia o no de admitirlas a trámite. 

Las querellas y denuncias van dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo, así como presidentes de comunidades autónomas. El Supremo no abrirá causa contra ninguno y se limitará a derivar los procedimientos. Los hechos denunciados se refieren, sobre todo, a la supuesta vinculación entre decisiones de las autoridades y la transmisión del coronavirus.

Los presuntos delitos que se imputan

Los delitos de los que hablan las querellas van desde el homicidio imprudente, lesiones, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave hasta el delito contra la seguridad de los trabajadores, entre otros.

Es posible que se abra una macrocausa sobre el coronavirus y hay dudas sobre si debe instruirse en diferentes tribunales o en la Audiencia Nacional. Según adelanta el citado diario, la decisión final puede conocerse antes de la Navidad.