Argumosa 11, Olmo 35 y Juan de Vera 13, son tres de los edificios que comenzaron la lucha para evitar las expulsiones de viviendas en alquiler en los barrios de Lavapiés y La Latina, en pleno centro de Madrid. A estos edificios iniciales se les han unido cuatro más: Encomienda 18, Santa Ana 6, Santa Ana 8 y Toledo 77. Unas 700 personas viven en estos siete bloques, todos ellos en régimen de alquiler, ahora le han declarado la guerra a los especuladores para evitar su desahucio. 

Este miércoles 10 de julio se produce otro intento de desahucio de una pareja, en Argumosa 11. Es el cuarto intento de desahucio de esta familia y el decimosexto en este bloque. Sus protagonistas son Miriam y Juan, pareja con sus dos hijos menores de 9 y 10 años de edad. Contaban con un contrato de arrendamiento en el que se estipulaban 300 euros mensuales de renta. La propiedad les insto a rescindir el contrato y firmar uno nuevo al amparo de la nueva ley (LAU 2013), para poder subirles la renta a la cantidad de 1.000 euros mensuales. Por tanto, los propietarios forzaron el impago no aceptando la cantidad de 300 euros, para así, poder denunciarles por impago ante el juzgado correspondiente. Les quisieron multiplicar por cinco su cuota de alquiler. Y ante su resistencia se enfrentan al desahucio. Es la historia recurrente de Argumosa 11. Hoy le ha tocado el turno a Miriam, como hace meses le pasó a otros miembros de su familia. Un amplio despliegue policial hace temer a estos vecinos de Lavapiés lo peor. El desahucio ha golpeado duramente a esta familia, Juani y Pepi familiares de Miriam, son dos vecinas del mismo número de la calle Argumosa que hace meses se vieron obligadas a abandonar su vivienda.

ElPlural.com ha podido hablar con Fernando Bardera, uno de los portavoces de la Asamblea de Bloques en Lucha, una organización que se formó hace aproximadamente un año y medio, con la finalidad de ayudar a todas estas familias ante la amenaza de un posible desalojo para montar establecimientos hoteleros o reconvertir las casas en apartamentos y cobrar alquileres mucho más elevados. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de MadridLavapiés ¿dónde vas? PAH Madrid Centro, se han sumado a la luchas de estas familias y exigen al Ayuntamiento de Madrid que compre o expropie estos edificios para convertirlos en viviendas sociales.

"La singularidad de estos bloques de viviendas es el uso que durante décadas se le ha dado como arrendamiento, donde sus inquilinos han echado raíces, han crecido, han creado su familia, en definitiva es su barrio. Sin embargo, y debido a la “fama” o a la “moda” de los barrios céntricos de Madrid, viendo sus propietarios la oportunidad de lucrarse con ello han vendido su propiedad vertical y, en otros casos los herederos haciendo caso omiso del mantenimiento normal del edificio, se ha abandonado a su suerte a aquellos vecinos que siguen con su vida rutinaria del día a día pagando su renta como de costumbre", ha afirmado Fernando. Tras ello, se ha dado paso a la llegada de los grandes inversores, tenedores, que ven una oportunidad de negocio sin fijarse en las vidas que allí habitan.

Fachada de Argumosa 11
Fachada de Argumosa 11
 

Propietarios e inquilinos se consideran víctimas de una campaña de mentiras

La Asamblea de bloques en lucha cuenta con la campaña "Nos quedamos". En un país en el que se llevan a cabo 7 lanzamientos por hora, en la Comunidad de Madrid hay más de 250.000 casas vacías (más de 150.000 solo en Madrid capital). Esta iniciativa consiste en  que los vecinos sigan en sus viviendas pagando la renta que se pagaba desde la firma del contrato hasta el momento de la notificación por burofax de la subida. En las expulsiones, los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda no suelen tener piedad. 

 

Se venden los edificios de propiedad vertical, todo el edificio completo es de un propietario o de varios herederos

“La intención que tienen estos fondos de inversión, el 99% de las veces, es expulsar a todos los inquilinos, lo denominan “bloques sin bicho”, ellos acuñan al inquilino como si fuese un bicho”, afirma Fernando Bardera. Con esto dejan el edificio completamente “limpio” ya sea porque lo quieren volver a vender, o porque quieren reformar y una vez que reforman alquilan o venden los inmuebles a un precio mucho más alto. Por lo tanto, se sustituye al habitante de siempre, por otro que llega con un poder adquisitivo mucho más alto “al barrio de moda”. Todos estos edificios acogen a personas de un estrato cultural y económico bajo, cuyos recursos son mínimos, debido al carecimiento de una serie de conocimientos legales, personas en riesgo de exclusión social, “son personas mayores, de otras generaciones, de etnias gitanas… Gente que está sobreviviendo en economías sumergidas, se encuentran al límite por lo tanto no tiene otra alternativa que resistir”, ha añadido Fernando, "poco importa la edad o las circunstancias de las personas arrendatarias". 

 

Algunos llevan viviendo 20 años cumpliendo todos los pagos, pero el fondo buitre usa triquiñuelas legales

La legalidad de los desahucios

Debido a la variedad de contratos existentes: de renta antigua, que son los firmados antes de 1985; y por otro lado, todos aquellos firmados al amparo de la reforma de la ley de arendamientos urbanos (LAU) del 2013. Que presentan una variedad entre ellos, en cuanto, al desahucio. Siendo mucho más sencillo expulsar a estos últimos, por este motivo lo que propone la Asamblea de Bloques es que sea cual sea la circunstancia hagan de ello un problema colectivo, según afirma Fernando Bardera, portavoz de la Asamblea de Bloques en Lucha.

"En algunas ocasiones los nuevos propietarios envían un burofax a los inquilinos diciéndoles que se tienen que marchar de sus casas y, en la mayoría de los casos creen que es algo oficial, sin tener un verdadero conocimiento legal, se terminan marchando sin oponer ningún tipo de resistencia, sin embargo, solo es el aviso porque no es una forma fehaciente de ejecución del desahucio, es simplemente una notificación", han afirmado desde la Asamblea. Estos son los llamados desahucios invisibles; porque no cuentan como aquellos en los que se necesita una ejecución de desahucio por parte de la autoridad judicial.

Este hecho duplica la cifra estimada de desahucios diarios en la Comunidad de Madrid, que ronda sobre los 160 desahucios al día

"Por el contrario, aquellas personas que se ven en la obligación o necesidad de luchar por sus viviendas oponen una resistencia. Los últimos cuatro bloques que se han unido se encuentran en zonas próximas, dos de ellos pertenecen al mismo propietario y, los otros dos a empresas diferentes. Santa Ana 6 y 8 pertenecen a la familia Cubret, magnates que tienen una gran cantidad de negocios, y su objetivo es transformar los bloques en viviendas turísticas. Las cuales cuentan ya con su número de registro concedido por el Ayuntamiento de Comunidad de Madrid de antemano, sin haber hecho las comprobaciones necesarias de los requisitos que, el mismo exige, para la obtención de este tipo de licencias", ha afirmado Fernando.

Cuatro ejemplos humanos

En Olmo 35:

En este edificio solo queda, Francisco (Paco) Rodríguez, de 84 años de edad. Quien padece un cáncer terminal y se encuentra en cuidados paliativos. Tiene una pensión no contributiva de unos 300 euros los cuales destina al pago del alquiler de ese piso. Llevaba en esa casa más de 30 años, regentando a su vez el bar situado en el único local de este edificio. Fue engañado de una manera sutil, siendo despojado de su negocio a través de la firma de un contrato de rescisión, y ahora quieren echarle también de su casa.

Francisco (Paco) Rodriguez, 84 años. Este es un cartel pegado en su antiguo bar, el FM, justo de bajo de su casa.
Francisco (Paco) Rodriguez, 84 años. Este es un cartel pegado en su antiguo bar, el FM, justo de bajo de su casa. @analogueresistance
 

Paco,  después de todos estos años, tiene un arraigo al barrio de Lavapiés, tiene allí su médico, sus amigos, cuenta con una red social de apoyo y, la humanidad que desprenden todos sus vecinos hace que estos últimos años pueda ir superando día a día la desesperación que le suscita esta grave situación.

Argumosa 11:

Otro de los casos de Argumosa 11, ha sido el de Juana, quien tiene una hija mayor con una discapacidad del 76% y, que necesita ayuda las 24 horas del día para su atención y cuidado. Hasta la fecha había contado con la ayuda de Pepi Santiago y Rosi, familiares de Juana, personas en las que Juana confía para dejar al cuidado de hija, en las pocas ocasiones en las que ella se ausenta. Este hecho ha provocado que familias como la de Juana se queden sin la red social de apoyo que cuentan en este tipo de barrios, donde los vecinos más que vecinos son familias.

Pepi Santiago, a la izquierda, junto a su cuñada Juana y su hermana Rosi, mostrando los documentos de la ONU que ilegalizan sus desahucios.
Pepi Santiago, a la izquierda, junto a su cuñada Juana y su hermana Rosi, mostrando los documentos de la ONU que ilegalizan sus desahucios.
 
Ahora personas como ellas se encuentran hacinadas en habitaciones, de unos de 10 metros cuadrados para tres personas, en pensiones en las que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición desde hace más de tres meses, no siendo esta una solución a largo plazo. Ya que era uno de los numerosos casos de desahucios ilegales y, no existiendo para ello una alternativa habitacional adecuada, aun así fueron expulsados de sus casas. Todas las desahuciadas viven con sus familias en situación de precariedad, gracias a ayudas sociales y pensiones que en ningún caso superan los 380 euros.

En esta misma situación se encuentra, Teresa, una mujer de origen chileno que llegó hace 20 años a España, su trabajo todo este tiempo ha sido íntegramente al cuidado de personas. Ahora, Teresa se ha jubilado, cobrando solo una pensión demasiado baja por lo que se ve obligada a seguir trabajando a día de hoy para poder mantenerse. Compartía piso en Argumosa 11, y fue uno de los famosos casos de desahucios invisibles. Les llego un burofax por el que sus compañeras se vieron obligadas a marcharse mientras que ella decidió resistir. Al ser una persona de edad avanzada esta noticia y todo el proceso por el que está pasando le están provocando problemas graves de salud. Además, le están haciendo pasar por situaciones emocionales muy duras, debido a que la quieren expulsar de su casa y, del barrio donde se encuentran su familia y apoyos sociales.  

Teresa Sarmiento, 69 años
Teresa Sarmiento, 69 años
 

En estas circunstancias todavía siguen resistiendo en estos bloques, 8 personas en Argumosa 11 y 1 en Olmo 35

“Esto que se está produciendo en este barrio de Madrid, no es exclusivo, es un proceso que lleva un tiempo pasando, está ocurriendo en todos los núcleos urbanos incluido el extranjero”, ha explicado Fernando. Es un proceso muy silencioso, el neoliberalismo, aplicado a un entorno o a un momento que comenzó con la burbuja inmobiliaria. El que tenía dinero podía comprar y ha seguido ahora con cierta inercia. En Lavapiés concretamente por la moda del barrio y, también, debido a las características comunes de los edificios: conflicto entre herederos lo que conlleva que el edificio se quede en abandono (los inquilinos siguen pagando sus rentas), el control de los precios del alquiler, la conversión en viviendas turísticas.

"Por este motivo, si todo el mundo recurre al arrendamiento privado, se retiene vivienda", afirman desde la Asamblea. Ahora mismo en Madrid se calcula que hay unas 300.000 viviendas vacías en manos privadas, que no están en el mercado de alquiler. Se retiene la vivienda con el fin de que los precios de alquiler suban, favoreciendo con ello al propietario.

Fernando: “Una de las soluciones se encuentra en que el Ayuntamiento de Madrid expropiase o comprase estos edificios para reconvertirlos en viviendas sociales”

"Hay que entender que no se puede dejar que por ánimo de lucro haya agentes externos que decidan en qué lugar puedes vivir, que no puedas vivir donde has nacido, donde has elegido o donde tienes tu entorno social. Estas personas reciben demasiada presión, pero son conscientes de que son las pioneras en esta lucha y, de que el día de mañana habrán conseguido el objetivo por el que a día de hoy combaten", afirmaba Bardera. "Como se consiguieron así números derechos sociales de los que disfrutamos hoy en día, de los que en ocasiones no somos conscienten de que hubo personas que lucharon por conseguirlas. Como el día que se consiguió la Sanidad Pública, gracias a que ciertas personas hace 50 años defendieron este derecho". El portavoz de la Asamblea concluyó con estas palabras, “las premisas sociales siempre tienen a personas que pagan el pato, pero gracias a esas personas el resto tenemos una serie de derechos”.